La noticia ha resonado como un trueno en el escenario político sinaloense: Gerardo Octavio Vargas Landeros, separado de su cargo como presidente municipal de Ahome tras un polémico desafuero, regresa al timón del municipio. Un juez federal ha dictado la suspensión definitiva de la declaratoria de procedencia que lo apartó del poder, ordenando su restitución inmediata. Esto significa que, contra todo pronóstico, Vargas Landeros retoma las riendas de Ahome para el periodo 2024-2027, un periodo que parecía ya clausurado para él.

La decisión judicial se erige como un dique contra la corriente que parecía arrastrar al edil hacia un proceso penal. Recordemos que el Congreso del Estado de Sinaloa, en sesiones celebradas el 1 y 2 de mayo de 2025, aprobó su desafuero a petición de la Fiscalía General del Estado, específicamente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La sombra de la corrupción, materializada en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, se cernía sobre Vargas Landeros, llevando a la pérdida de su fuero constitucional, su separación del cargo y la posterior declaración de vacante del mismo.

Sin embargo, la justicia federal ha dado un giro inesperado a la trama. El amparo interpuesto por la defensa de Vargas Landeros ha dado sus frutos. La resolución interlocutoria del 29 de julio de 2025, cual espada legal, ha cortado de tajo los efectos del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y del artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, considerados inconstitucionales por los abogados del alcalde.

Más allá de la restitución, la orden judicial exige garantías para Vargas Landeros: pleno ejercicio de sus funciones, percepción íntegra de sus emolumentos y acceso a todas las herramientas necesarias para el desempeño de su labor. Un retorno no solo simbólico, sino con plenas facultades, que se mantendrá vigente hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo principal.

Este caso se convierte en un paradigma de la tensión existente entre el combate a la corrupción y el respeto al debido proceso. Un recordatorio de que, incluso en la lucha contra la impunidad, las garantías individuales deben ser la piedra angular del sistema judicial. La opinión pública, expectante, observa cómo se desarrolla este complejo ajedrez legal, mientras las instituciones democráticas se enfrentan al desafío de equilibrar la rendición de cuentas con la presunción de inocencia.

La restitución de Vargas Landeros, lejos de cerrar el capítulo, abre un nuevo interrogante en la historia política de Sinaloa. ¿Qué implicaciones tendrá este fallo en la investigación por corrupción? ¿Se fortalecerá la confianza ciudadana en el sistema de justicia o, por el contrario, se percibirá como una falla en el combate a la impunidad? El futuro del municipio de Ahome, y del propio Vargas Landeros, pende ahora del hilo de la justicia federal, a la espera de la sentencia definitiva que definirá el curso final de esta controvertida historia.