La sombra de la inseguridad se cierne sobre Tultitlán, Estado de México, un municipio que, a pesar de la creciente ola de violencia, extorsión y corrupción, permanece al margen de las estrategias de seguridad federales. Mientras que la Operación Liberación desplegó un impresionante operativo en 14 municipios mexiquenses, Tultitlán no ha visto una respuesta institucional comparable, a pesar de formar parte de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2015 y ser considerado prioritario en materia de seguridad por la gobernadora.

El silencio oficial contrasta con las denuncias de habitantes y empresarios, quienes señalan un clima generalizado de inseguridad. Fuentes consultadas apuntan a la administración de la alcaldesa morenista Ana María Castro Fernández como ineficaz ante la problemática. Se acusa al gobierno municipal de operar una red de extorsión que se manifiesta a través del cierre arbitrario de negocios bajo el pretexto de revisiones administrativas. El modus operandi, según testimonios, involucra la solicitud de documentación, retrasos intencionales en las respuestas y, finalmente, una propuesta informal: un pago al Ayuntamiento y otro en efectivo, entregado directamente, supuestamente con la aprobación de la presidenta municipal. A estas acusaciones se suman señalamientos de nepotismo, con la presencia de familiares de la alcaldesa en puestos clave del gobierno local, incluyendo al secretario del Ayuntamiento, esposo de la expresidenta municipal Elena García Martínez. Si bien aún no hay intervención de las autoridades estatales o federales, la situación en Tultitlán está bajo la lupa de los gabinetes de seguridad.

Mientras tanto, en un escenario completamente diferente, la "Operación Limpieza" del IMPI, liderada por Santiago Nieto, libra una batalla contra la piratería. En nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Coahuila, se han decomisado millones de productos piratas, desde ropa y zapatos hasta tecnología. Esta operación, que se realiza cada quince días, se apoya en la inteligencia y la colaboración interinstitucional, con el objetivo de proteger la industria nacional y los empleos que genera. El IMPI, en conjunto con el INEGI, el SAT, Aduanas y los gobiernos estatales, está construyendo un modelo de inteligencia para prever y combatir la entrada de mercancía ilegal al país.

En el ámbito legislativo, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como tema central. Eruviel Ávila, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, ha presentado una iniciativa para reformar la Constitución, incorporando principios como la educación digital desde la primaria, la protección de los derechos de autor frente a las obras generadas por IA, y la prevención de la discriminación derivada del uso de estas tecnologías. La propuesta también contempla la aplicación de la IA en la salud y la seguridad pública, además de incluir, por primera vez en la Constitución, una definición formal de IA. Esta iniciativa abre el debate sobre las oportunidades y los límites de la IA, posicionando a México como un potencial referente en la regulación de esta tecnología transformadora.

Finalmente, una luz de esperanza brilla en el panorama de la salud pública con el programa "Salud Casa por Casa". Esta iniciativa lleva la atención médica directamente a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad en Baja California, sectores históricamente marginados del sistema de salud. Con más de 250 médicos recorriendo las comunidades, el programa prioriza la atención centrada en el paciente, evitando las largas filas y la burocracia. El programa, apoyado desde la Ciudad de México por la secretaria Ariadna Montiel y el director del IMSS Zoé Robledo, demuestra que la organización en campo es crucial para el éxito de cualquier política social. Con más de 1.9 millones de hogares atendidos, "Salud Casa por Casa" se presenta como un modelo a seguir en la atención médica.