La Comisión Nacional de Búsqueda: Un Relevo Necesario, una Esperanza Cautelosa.

La salida de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha resonado como un suspiro de alivio en los colectivos de familiares de desaparecidos. Su gestión, lejos de la experticia que prometían sus cinco diplomados, estuvo marcada por la opacidad, la falta de interlocución y una preocupante insensibilidad ante el dolor de quienes buscan a sus seres queridos. Desde su polémica salida del INEA hasta los episodios de confrontación con familiares en Hermosillo, Tamaulipas y otros estados, la figura de Reyes Sahagún se convirtió en símbolo de la frustración y la desconfianza.

La pregunta que surge ahora es si este relevo representa un verdadero cambio de rumbo. Las nuevas mesas de diálogo impulsadas por la Secretaría de Gobernación abren una ventana de oportunidad, pero las familias no necesitan discursos, necesitan acciones concretas. Necesitan que la búsqueda de sus desaparecidos sea una prioridad real, no una simulación burocrática. Necesitan justicia. La persona que asuma la titularidad de la CNB tendrá la enorme responsabilidad de reconstruir la confianza perdida y de encabezar una estrategia efectiva que, por fin, dé respuestas a quienes llevan años clamando por ellas. El tiempo de las promesas vacías se acabó. Es hora de resultados.

La Universidad Politécnica de Tulancingo: Un Microcosmos de la Violencia Sistemática.

El caso del alumno que golpeó a su profesor en la Universidad Politécnica de Tulancingo trasciende el incidente aislado. Es un síntoma de la descomposición social que permea todos los ámbitos, incluso las instituciones educativas. La violencia, normalizada y silenciada, se convierte en la única salida para quienes se sienten desprotegidos e ignorados por las autoridades.

La denuncia previa del alumno por violencia, los reportes de otros estudiantes, las humillaciones constantes… todo fue ignorado por una institución que parece más preocupada por proteger su imagen que por garantizar la seguridad y el bienestar de su comunidad. El silencio institucional, bajo la rectoría de Felipe Olimpo Durán Rocha, se convierte en cómplice de la violencia. Su gestión, marcada por el abandono de las instalaciones, las irregularidades financieras señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y la falta de respuesta a las demandas estudiantiles, ha erosionado la confianza en las autoridades.

La pregunta es: ¿qué mensaje se envía cuando un estudiante siente que la única forma de hacerse escuchar es recurrir a la violencia? La respuesta es desoladora: se rompe el vínculo fundamental de confianza, se perpetúa la cultura del silencio y se normaliza la violencia como herramienta de resolución de conflictos. La investigación anunciada por las autoridades escolares genera pocas expectativas en un sistema donde el poder parece estar por encima de la justicia. El caso de la UPT es un llamado urgente a la reflexión sobre la necesidad de construir espacios educativos seguros y respetuosos, donde la voz de los estudiantes sea escuchada y donde la violencia, en todas sus formas, sea erradicada.