La sombra del mercurio se extiende sobre Querétaro, un estado que se jacta de su seguridad, pero que esconde una realidad turdiosa y peligrosa. La Environmental Investigation Agency (EIA) ha destapado una red de tráfico de mercurio operada por el crimen organizado, que no solo pone en jaque la salud de los mexicanos, sino que también amenaza la estabilidad ambiental de toda Latinoamérica. Más de 200 toneladas de este metal pesado, una de las sustancias más tóxicas del planeta, han salido de tierras queretanas desde 2019, alimentando la minería ilegal de oro en países como Bolivia, Colombia y Perú. Un flujo constante y alarmante que, según la EIA, ha generado ganancias ilícitas por un mínimo de 8 mil millones de dólares.

Imaginen la magnitud del problema: minas clandestinas fortificadas, con torres de vigilancia y cámaras, controladas por grupos criminales que operan con impunidad. La "fiebre del mercurio" se ha desatado en Querétaro, impulsada por los altos precios del oro y la demanda insaciable de este metal precioso. Los traficantes ofrecen hasta 330 dólares por kilogramo de mercurio, una cifra que incentiva la extracción ilegal y pone en grave riesgo la salud de los trabajadores y las comunidades aledañas. El mercurio, recordemos, es un veneno que se acumula en el organismo y puede causar daños neurológicos irreversibles, problemas renales e incluso la muerte.

La investigación de la EIA no se limita a señalar la existencia de este tráfico ilegal, sino que también expone la inacción de las autoridades. ¿Cómo es posible que el gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri, no tenga conocimiento de estas actividades? ¿Dónde está la vigilancia? ¿Por qué no hay denuncias? La ausencia de respuestas por parte de las autoridades locales y federales levanta sospechas y nos obliga a cuestionar la eficacia de las políticas ambientales y de seguridad en nuestro país.

La magnitud del problema trasciende las fronteras de México. El mercurio traficado desde Querétaro está contaminando ríos y suelos en Sudamérica, afectando la salud de miles de personas y poniendo en peligro la biodiversidad de la región. Además, la EIA alerta sobre la posibilidad de que las ganancias generadas por este negocio ilícito estén financiando a grupos armados en Colombia y México, lo que agrava aún más la situación de violencia e inseguridad en ambos países.

México es signatario del Convenio de Minamata, un acuerdo internacional que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos del mercurio. Sin embargo, la realidad que describe la EIA demuestra que el país está lejos de cumplir con sus compromisos. Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto, investiguen a fondo esta red de tráfico de mercurio y desmantelen las minas ilegales que operan en Querétaro. No podemos permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo la salud y el futuro de todos.

La situación exige una respuesta contundente, no solo del gobierno estatal, sino también del federal. La presidenta Claudia Sheinbaum debe asumir su responsabilidad y coordinar esfuerzos con las autoridades de Querétaro para frenar este ecocidio. La salud de los mexicanos y la protección del medio ambiente no pueden esperar. Es hora de actuar con firmeza y poner fin a la impunidad que permite que el crimen organizado se enriquezca a costa de la salud de nuestro planeta.