Un cambio sísmico sacude el panorama de la transparencia en Oaxaca. La LXVI Legislatura del Congreso estatal ha aprobado, con una votación de 30 votos a favor y tan solo dos en contra, la desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y un Buen Gobierno. Esta decisión, impulsada por el gobernador Salomón Jara, genera un mar de interrogantes sobre el futuro del acceso a la información y la rendición de cuentas en la entidad.

La disolución de este organismo, encargado de velar por la transparencia gubernamental y la protección de datos personales, despierta la inquietud de la ciudadanía y organizaciones civiles. Si bien el decreto asegura el respeto a los derechos laborales de los servidores públicos del órgano, la incertidumbre se cierne sobre el destino de los procesos en curso y la continuidad de las labores de vigilancia. La promesa de una nueva entidad que asuma estas funciones no disipa la preocupación sobre la posible fragmentación y debilitamiento de las garantías ciudadanas.

El argumento central del gobierno para justificar esta medida radica en la necesidad de una reestructuración que optimice los recursos y fortalezca la transparencia. Sin embargo, críticos señalan que esta decisión podría abrir la puerta a la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de la información pública. La concentración de poder en una nueva entidad, aún sin definir, genera dudas sobre la independencia y autonomía que requiere una verdadera fiscalización de la gestión gubernamental.

El plazo de 120 días otorgado a la Cámara de Diputados para expedir el nuevo marco jurídico en materia de transparencia se convierte en una carrera contrarreloj. La ciudadanía exige claridad y participación en la construcción de este nuevo marco, para evitar que la disolución del Órgano Garante represente un retroceso en el acceso a la información y la rendición de cuentas. La sociedad civil se mantiene vigilante, demandando garantías de que la nueva estructura no solo cumpla con los estándares nacionales e internacionales, sino que fortalezca la transparencia y el combate a la corrupción.

La transferencia de los recursos del extinto órgano a la Secretaría de Finanzas, y posteriormente a la nueva entidad, también genera interrogantes. ¿Se mantendrá el presupuesto destinado a la transparencia? ¿Se garantizará la eficiencia en el uso de estos recursos? La opacidad en este proceso podría alimentar la desconfianza ciudadana y socavar la legitimidad de la nueva estructura.

La suspensión de los plazos para la tramitación de recursos de revisión, quejas y denuncias, deja en el limbo a ciudadanos que buscan acceder a información o denunciar irregularidades. Esta pausa en los procesos de transparencia representa un riesgo latente para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es crucial que la nueva entidad, una vez conformada, atienda con prontitud y eficacia el rezago generado por esta transición.

En definitiva, la desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública en Oaxaca marca un hito en la historia de la transparencia en la entidad. El futuro de la rendición de cuentas y el acceso a la información dependen ahora de la construcción de un nuevo marco jurídico sólido y de la voluntad política para garantizar la autonomía e independencia de la nueva entidad encargada de velar por estos derechos fundamentales. La ciudadanía, más que nunca, debe mantenerse vigilante y exigir que la transparencia no se convierta en una promesa incumplida.