La indignación y la rabia se palpan en el aire de Zapotitlán Salinas, Puebla. Un nombre resuena con la fuerza de un trueno en la boca de sus habitantes: Francisco “N”. La acusación que pesa sobre él, la presunta agresión sexual a una niña de tan solo 6 años, ha desatado una ola de furia contenida que amenaza con desbordarse. Las calles, normalmente tranquilas, se han convertido en el escenario de una protesta visceral, donde la sed de justicia se mezcla con el dolor y la impotencia.

El eco de los gritos exigiendo castigo se amplificó con la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal luchando por abrirse paso entre la multitud enfurecida para trasladar al presunto agresor. La imagen, cruda y desgarradora, retrata la tensión que se vive en la comunidad, una tensión que ha puesto al descubierto la profunda herida que este tipo de delitos inflige en el tejido social.

La indignación no se limita a la agresión en sí. El rumor de que allegados al detenido intentaron sobornar a las autoridades a cambio de su liberación ha avivado aún más las llamas de la ira popular. La percepción de impunidad, la sospecha de que el dinero podría comprar la libertad de un presunto abusador, ha exacerbado el sentimiento de vulnerabilidad y la desconfianza hacia las instituciones.

La turba, ávida de justicia inmediata, intentó tomar la comandancia donde se encontraba recluido Francisco “N”. La escena, cargada de dramatismo, obligó a la intervención del alcalde Leonel Arismendi, quien, junto con autoridades federales y estatales, se vio en la difícil tarea de mediar entre la furia colectiva y la necesidad de garantizar el debido proceso. Las promesas de una investigación apegada a la ley, sin privilegios, se entremezclaron con los llamados a la calma, en un intento por contener la escalada de violencia.

Mientras tanto, la pequeña víctima, de apenas seis años, lucha por su recuperación en el Hospital de la Niñez Poblana, bajo la sombra del trauma. El DIF, consciente de la magnitud del daño, ha extendido su apoyo psicológico y legal tanto a la menor como a sus familiares, buscando brindarles un refugio en medio de la tormenta. El silencio de las autoridades respecto a los detalles del caso, justificado por la necesidad de proteger a la víctima, contrasta con el clamor popular que exige transparencia y celeridad en la justicia.

La madrugada del martes 29 de julio, bajo un manto de secretismo y un fuerte dispositivo de seguridad, Francisco “N” fue trasladado al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5). La medida, si bien busca alejarlo de la furia popular y garantizar su seguridad, también alimenta la incertidumbre y la especulación. ¿Qué sucederá ahora? ¿Se hará justicia? Estas son las preguntas que resuenan en Zapotitlán Salinas, un pueblo que espera con ansias las respuestas, mientras la herida, aún abierta, supura dolor e indignación.

Las investigaciones continúan, tratando de reconstruir los hechos ocurridos la noche del sábado 26 de julio en la comunidad de Guadalupe La Mesa. Testimonios de familiares y testigos apuntan a una celebración religiosa, un descuido, la desaparición momentánea de la niña y su posterior hallazgo en compañía de Francisco “N”. La descripción de los hechos, aún fragmentada, dibuja un escenario de horror que ha conmocionado a la comunidad. La reacción violenta de los pobladores al descubrir al presunto agresor, el intento de linchamiento frustrado por la intervención policial, son un reflejo de la rabia contenida que exige justicia. Zapotitlán Salinas espera, con la respiración contenida, el desenlace de este caso que ha puesto al descubierto la fragilidad de la infancia y la necesidad imperante de proteger a los más vulnerables.