La Ciudad de México se encuentra en la antesala de un momento crucial para su sistema judicial: la elección de la nueva presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX). Este proceso, que culminará con el relevo de Rafael Guerra Álvarez en diciembre, trasciende el simple cambio de mando. Se trata de una oportunidad única para redefinir el rostro de la justicia en la capital, en un contexto marcado por la reciente Reforma Judicial, un paro histórico de actividades y la necesidad imperante de fortalecer la confianza ciudadana.

La sucesión se convierte en un escenario propicio para la transformación. Entre los perfiles que han emergido, destaca la magistrada Celia Marín Sasaki, cuya trayectoria de más de 35 años en el Poder Judicial capitalino, junto con su reconocido trabajo en sentencias con perspectiva de género, la posicionan como una figura con potencial para liderar el cambio. Su experiencia y sensibilidad representan una combinación valiosa para abordar los desafíos actuales.

El próximo liderazgo del TSJ-CDMX no solo deberá dar continuidad a los esfuerzos en materia de igualdad sustantiva, sino también asumir un rol proactivo en la lucha contra la impunidad. La coordinación con las fiscalías y la implementación de acciones concretas son cruciales para combatir la cifra negra que silencia a las mujeres y a los grupos más vulnerables. La perspectiva de género no puede ser un simple discurso, debe ser el eje transversal de la administración de justicia.

En este sentido, es ineludible reflexionar sobre la persistente subrepresentación femenina en los puestos de liderazgo judicial. A nivel nacional, solo nueve de los 32 tribunales locales están presididos por mujeres. En la Ciudad de México, considerada un bastión del progresismo, la estadística es aún más desalentadora: solo una mujer ha ocupado la presidencia del TSJ en las últimas cuatro décadas.

La posible llegada de Marín Sasaki, u otra candidata, a la presidencia del TSJ-CDMX, adquiere, por tanto, una significación que va más allá de lo meramente profesional. Se trata de un acto simbólico, un mensaje poderoso que reivindica el derecho de las mujeres a ocupar espacios de poder y decisión en el ámbito judicial. Es un paso firme hacia la construcción de una institución más representativa de la sociedad a la que sirve.

Esta elección, prevista entre septiembre y octubre, será la última en la que los 79 magistrados locales votarán directamente por la presidencia del TSJ, lo que añade un componente de trascendencia histórica a la decisión. Es la oportunidad de sentar las bases para el rediseño judicial que se vislumbra hacia 2027.

No se trata simplemente de "colocar" a una mujer al frente del Tribunal. Se trata de impulsar una transformación profunda que se traduzca en una justicia más humana, equitativa, eficiente y digitalizada. Una justicia que refleje la pluralidad de la sociedad y que garantice el acceso a la justicia para todos y todas.

La elección que se avecina no es solo una sucesión de nombres, es una definición de justicia para la capital. Es la oportunidad de romper con décadas de exclusión y construir una institución que sea, de verdad, garante de los derechos de todas las personas. Es el momento de demostrar que la paridad no es solo una cuota, sino un principio fundamental para una sociedad más justa e igualitaria.

Karen Torres Aguilar

Periodista & MKT Specialist

@KARENTORRES.MX

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