Una nueva era se cierne sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con una inyección millonaria de fondos provenientes del Congreso, la agencia se prepara para una expansión sin precedentes, evocando la resonancia histórica de campañas de reclutamiento como las de la Segunda Guerra Mundial. La consigna es clara: "Tu país te está llamando a servir en el ICE". El llamado a la patria, a la defensa y a la seguridad nacional se entrelaza con una atractiva oferta económica: bonos de firma de hasta $50,000, generosas horas extras y la posibilidad de condonación de préstamos estudiantiles. Un paquete de incentivos que busca atraer a los “estadounidenses valientes y heroicos” que la agencia necesita para sus filas.

La ambiciosa meta es clara: deportar a un millón de personas al año. Para lograrlo, el ICE planea contratar a 10,000 nuevos empleados, incluyendo agentes de deportación, abogados e investigadores. Estos nuevos agentes serán el brazo ejecutor de la política migratoria, responsables de localizar, arrestar y deportar a aquellos que, según el gobierno, no tienen derecho a permanecer en el país. Su presencia se hará sentir en las calles, en los tribunales de inmigración y en los negocios, tal como ha ocurrido durante el actual mandato presidencial, generando controversia y críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas.

La imagen de un vehículo blindado surcando las calles, flanqueado por agentes en equipo militar, ilustra la contundencia del operativo que se avecina. Universidades, ferias de empleo y redes policiales se convertirán en los nuevos campos de reclutamiento del ICE, donde la agencia buscará captar el talento necesario para cumplir sus objetivos.

Sin embargo, esta rápida expansión genera inquietudes. La experiencia de la Patrulla Fronteriza a principios de la década de 2000, donde la prisa por contratar llevó a una disminución en los estándares de reclutamiento y capacitación, sirve como una advertencia. Expertos como Jason Houser, exjefe de personal del ICE, alertan sobre el riesgo de repetir errores del pasado. La posibilidad de que se relajen los requisitos de contratación, con el fin de alcanzar las cifras deseadas, podría resultar en un incremento de agentes con problemas de conducta y despidos posteriores. Además, la falta de personal ha sido un problema crónico en la agencia, incluso antes de esta nueva inyección de fondos, y la carga de trabajo ha aumentado significativamente, especialmente con el incremento de llegadas a la frontera.

La preocupación se extiende también a la supervisión. El desmantelamiento de agencias clave de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas y el control del poder del ICE. El tiempo que tomará contratar y capacitar adecuadamente a 10,000 nuevos empleados – estimado entre tres y cuatro años – deja un vacío operativo que, se teme, podría ser llenado con contratistas privados, efectivos de la Guardia Nacional y otros agentes federales, generando preocupaciones sobre la coherencia y la eficacia de las operaciones.

El debate está abierto. La necesidad de seguridad nacional se enfrenta a las preocupaciones sobre los derechos de los inmigrantes y la posibilidad de excesos en la aplicación de la ley. La expansión del ICE marca un punto de inflexión en la política migratoria del país, y sus consecuencias a largo plazo aún están por verse.