La tranquilidad ha vuelto a las líneas telefónicas de Nuevo León. El espectro de la extorsión, que durante años se cernía desde las sombras de los centros penitenciarios, ha sido disipado. El Gobernador Samuel García Sepúlveda ha confirmado la erradicación de las extorsiones telefónicas originadas en las cárceles del estado, un logro que no solo representa un triunfo contra el crimen organizado, sino que también valida la eficacia de la estrategia implementada. "No sale una sola llamada de los penales de Nuevo León", afirma con contundencia, "y no tenemos un solo registro de otros estados que se quejen de extorsiones provenientes de nuestras cárceles."

Este anuncio, que coincide con la destacada segunda posición nacional obtenida por el Sistema Penitenciario de Nuevo León en una reciente evaluación, anticipa un futuro aún más prometedor. El Gobernador se muestra confiado en alcanzar el primer lugar en la próxima evaluación, un objetivo ambicioso pero alcanzable gracias a las reformas e inversiones realizadas en los Centros de Readaptación Social.

La clave de este éxito radica en la implementación de inhibidores de señal, una tecnología que bloquea el acceso a redes Wi-Fi y datos celulares dentro de los penales. Esta medida, aparentemente sencilla, ha demostrado ser crucial para cortar de raíz la comunicación ilícita y prevenir las extorsiones. Si bien la erradicación de este delito en Nuevo León es un gran paso, el Gobernador García Sepúlveda no se conforma. Consciente de que la lucha contra la extorsión es un esfuerzo conjunto, ha hecho un llamado a los gobiernos estatales y a la administración de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para replicar esta estrategia a nivel nacional.

El caso del penal de Altamira, desde donde se origina el 70% de las extorsiones que afectan a la población de Nuevo León, sirve como un ejemplo contundente de la necesidad de implementar medidas similares en todo el país. La modernización de los centros penitenciarios de Nuevo León no se limita a la tecnología. Se basa en un plan estratégico de seis ejes centrado en la reinserción social, que ha transformado las condiciones de vida dentro de los penales. Se ha pasado de una sobrepoblación extrema, con hasta 17 personas por celda, a un promedio de cinco a siete personas, un cambio que promueve un ambiente más propicio para la rehabilitación.

Fieles al Artículo 18 de la Constitución, se implementan programas de trabajo y capacitación para que las personas privadas de su libertad puedan adquirir habilidades y reconstruir sus vidas una vez que cumplan sus condenas. La reinserción social no es solo un discurso, sino una realidad tangible que se refleja en la confianza que las empresas neoleonesas depositan en la contratación de ex reclusos.

Los resultados hablan por sí solos. En tan solo tres años, el sistema penitenciario de Nuevo León ha pasado de ser un foco de problemas a un modelo a seguir, con una calificación de 7.68 en el diagnóstico nacional de 2023. Esta transformación, impulsada por una inversión de más de 1,500 millones de pesos en infraestructura y programas de reinserción, demuestra el compromiso del gobierno estatal con la seguridad y el bienestar de su población. El Gobernador García Sepúlveda lo resume con firmeza: “Hemos invertido y prácticamente dejado como nuevos a nuestros Ceresos.” La inversión no solo se ha enfocado en la modernización de las instalaciones, sino también en el fortalecimiento de la Fuerza Civil y la adquisición de nuevos helicópteros y destacamentos, creando un sistema integral de seguridad que protege a la sociedad desde todos los frentes.