La tragedia que enluta a Veracruz tras el secuestro y fallecimiento de la maestra Irma Hernández ha desatado una ola de indignación, no solo por la brutalidad del crimen en sí, sino por la reacción de la gobernadora Rocío Nahle, quien, en lugar de asumir su responsabilidad en la grave crisis de seguridad que atraviesa el estado, ha optado por culpar a los medios de comunicación, acusándolos de “escándalo” y “nado sincronizado”. Esta actitud, lejos de brindar consuelo y soluciones a una sociedad atemorizada, profundiza la herida y evidencia una desconexión alarmante con la realidad que viven los veracruzanos.

El intento de minimizar la violencia sufrida por Irma Hernández, atribuyendo su muerte a un infarto “les guste o no les guste”, resulta no solo insensible, sino una burla para la familia de la víctima y para toda la ciudadanía. El médico legista, en la misma conferencia de prensa, confirmó las múltiples lesiones presentes en el cuerpo de la maestra, dejando en evidencia el intento de la gobernadora de manipular la información y desviar la atención del verdadero problema: la incapacidad de su gobierno para garantizar la seguridad de los veracruzanos.

Mientras la gobernadora se escuda en la retórica y se victimiza, la realidad en Veracruz es desoladora. El secuestro de Irma Hernández, obligada a grabar un mensaje bajo amenaza de muerte, es un reflejo del terror que imponen los grupos criminales en la entidad. El mensaje dirigido a sus compañeros taxistas, una advertencia escalofriante sobre las consecuencias de no someterse a la extorsión, es una prueba irrefutable del control que ejerce el crimen organizado en vastas zonas del estado.

¿Cómo puede la gobernadora hablar de “miserables” cuando es su propia administración la que se muestra incapaz de frenar la ola de violencia? ¿Miserables los medios que denuncian la inseguridad o miserable un gobierno que no puede proteger a sus ciudadanos? La verdadera miseria reside en la inacción, en la indiferencia ante el dolor ajeno y en la soberbia de quien, desde su posición de poder, se niega a reconocer sus fallas y a asumir la responsabilidad que le corresponde.

La situación en Veracruz exige acciones contundentes, no discursos vacíos ni acusaciones infundadas. La sociedad demanda justicia para Irma Hernández y para todas las víctimas de la violencia. Exige un gobierno que priorice la seguridad, que combata frontalmente al crimen organizado y que brinde la protección que los ciudadanos merecen. El tiempo de las excusas se acabó. Es hora de actuar con responsabilidad y compromiso, antes de que más vidas se pierdan en la espiral de violencia que asola a Veracruz. El “nado sincronizado” al que se refiere la gobernadora no es el de los medios, sino el de la impunidad y la corrupción, un nado macabro que ahoga la esperanza de un futuro mejor para los veracruzanos.