La vorágine inmobiliaria que azota a la Ciudad de México nos obliga a reflexionar sobre el destino de nuestras ciudades. ¿Serán espacios habitables para sus ciudadanos o meros escaparates para la especulación del gran capital? La gentrificación, ese eufemismo neoliberal para la expulsión, convierte el derecho fundamental a la vivienda en una mercancía más, sujeta a las fluctuaciones del mercado. El resultado es un tristemente conocido cóctel de barrios inaccesibles, redes comunitarias destrozadas y familias desplazadas a las periferias, cada vez más lejanas e inhóspitas. La capital, como epicentro de las transformaciones del país, experimenta de forma acelerada este fenómeno que, sin embargo, se extiende como una mancha de aceite por el resto del México urbano.

Observemos el caso de Saltillo, donde los precios de la vivienda se disparan a un ritmo vertiginoso del 30% anual. Allí, el alquiler medio ya supera el salario mínimo mensual, condenando a amplios sectores de la población a una precariedad habitacional insostenible. La turistificación, con su atractivo de alquileres vacacionales y la inyección de divisas, ejerce una presión desmedida sobre la oferta de vivienda, dejando a los residentes locales a merced de un mercado implacable. Y donde las explicaciones basadas en la “mano invisible” del mercado resultan insuficientes, emergen los verdaderos artífices de esta crisis: cambios de uso de suelo a conveniencia y la intromisión de actores políticos en negocios inmobiliarios, creando una red de conflictos de interés que erosiona la confianza en las instituciones. El escándalo del Cártel Inmobiliario en la Benito Juárez es solo la punta del iceberg, un síntoma de una enfermedad que se extiende por todo el tejido urbano.

Ante este panorama desolador, la administración de Clara Brugada en la Ciudad de México emerge como un faro de esperanza, presentando una contraofensiva con un objetivo claro: construir una ciudad para vivir, no para especular. La creación de la Secretaría de Vivienda eleva la política habitacional a la categoría de prioridad de Estado, fortaleciendo al INVI como un verdadero “banco del pueblo”. Esta institución, con un renovado impulso, se enfoca en la Producción Social de Vivienda, ofreciendo crédito accesible, asistencia técnica y obras orientadas al valor de uso, no a la mera ganancia especulativa.

No se trata de una improvisación, sino de la culminación de un siglo de lucha por el derecho a la vivienda, desde los frentes de inquilinos de 1920 hasta el vigoroso Movimiento Urbano Popular de los años 80. Una rica experiencia histórica que forma parte del patrimonio de la capital y que ahora se traduce en políticas públicas concretas. El modelo de Producción Social de Vivienda empodera a la gente, permitiéndoles decidir dónde, cómo y para quién se construye. La nueva Secretaría, bajo la dirección de Inti Muñoz Santini, transformará al INVI en una herramienta al servicio del pueblo, ofreciendo créditos blandos, asistencia técnica y, crucialmente, rentas asequibles para jóvenes, madres solteras y todos aquellos que el mercado ignora y margina.

La iniciativa más disruptiva es la puesta en marcha de un programa de vivienda pública en renta, con una inversión inicial de 600 millones de pesos y la ambiciosa meta de 20 mil viviendas durante el sexenio. Este programa está dirigido a jóvenes, familias con ingresos menores a tres salarios mínimos, mujeres jefas de hogar y población vulnerable, ofreciendo una alternativa real a la precariedad y la incertidumbre. En paralelo, la ciudad duplica la inversión en vivienda a 9 mil millones de pesos, planteando 200 mil acciones que abarcan construcción, mejoramiento y arrendamiento. De esta manera, se construye un sólido ecosistema público que regula y compite con el sector privado, conteniendo los precios y evitando el desplazamiento forzado de las familias.

La misión es doble: resolver la crisis habitacional en la capital y, al mismo tiempo, trazar un camino para el resto del país, demostrando que es posible construir un ecosistema público de vivienda con un profundo anclaje social. La vivienda, por mandato legal y por simple sentido común, es una responsabilidad de los gobiernos locales, tanto municipales como estatales. La lección es clara y urgente: si aspiramos a ciudades con arraigo, seguridad y un fuerte sentido de comunidad, debemos comprender que sin vivienda digna no hay bienestar posible.