La magistrada Josefina Rosey González ha lanzado una advertencia que resuena con fuerza en los tribunales mercantiles de la Ciudad de México: la posibilidad de corresponsabilidad para aquellos jueces que no concedan medidas cautelares en juicios ejecutivos mercantiles, incluso antes de su inicio. Esta declaración, realizada durante el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2025 del Poder Judicial de la Ciudad de México, abre un importante debate sobre la protección de los derechos del demandante en estos procesos.

La magistrada argumenta que la concesión de estas medidas es crucial para evitar que el deudor oculte o dilapide sus bienes, perjudicando así al demandante. Tradicionalmente, obtener una medida cautelar implicaba un proceso complejo, donde el demandante debía demostrar un "temor fundado" de impago, a menudo presentando testigos y pruebas. Sin embargo, Rosey González destaca un cambio significativo: en la actualidad, basta con solicitar la medida bajo protesta de decir verdad, declarando la existencia de la deuda y el temor de impago. Este cambio de paradigma simplifica el proceso y agiliza la protección del acreedor.

La importancia de las medidas cautelares radica en su capacidad para asegurar la eficacia de la sentencia. Al preservar los bienes del deudor, se garantiza que, en caso de una sentencia favorable, el demandante pueda efectivamente cobrar lo que se le adeuda. Este punto es fundamental, ya que, sin estas medidas, una sentencia favorable podría convertirse en una victoria pírrica si el deudor ya no posee bienes para cubrir la deuda.

Un aspecto particularmente relevante de la intervención de la magistrada es la aclaración sobre la posibilidad de solicitar medidas cautelares incluso después de dictada la sentencia. Esto podría parecer contradictorio, pero Rosey González lo ilustra con un ejemplo contundente: un deudor condenado a pagar una suma considerable que, ante la inminencia de la ejecución de la sentencia, intenta evadir su responsabilidad vendiendo sus bienes o abandonando el país. En tales casos, la medida cautelar se convierte en una herramienta indispensable para asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando que el deudor se burle de la justicia.

Este nuevo enfoque en la aplicación de medidas cautelares plantea interrogantes cruciales para el sistema judicial. ¿Cómo se equilibrará la protección del demandante con el derecho del deudor a la defensa? ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar el uso abusivo de estas medidas? ¿Cómo se garantizará la celeridad en la tramitación de las solicitudes para que la protección sea efectiva?

La intervención de la magistrada Rosey González ha abierto un debate necesario y oportuno sobre la eficacia de los juicios ejecutivos mercantiles y la protección de los derechos de los acreedores. Su llamado a la responsabilidad de los jueces en la concesión de medidas cautelares es un paso importante hacia un sistema judicial más justo y eficiente, que garantice el cumplimiento de las obligaciones y la protección del patrimonio de quienes acuden a la justicia en busca de reparación. El futuro del derecho mercantil en la Ciudad de México se verá sin duda influenciado por estas consideraciones.