La historia de Nelson González Peña conmueve e indigna a partes iguales. Un padre separado que, a pesar de vivir en la misma ciudad que sus hijos, Diego de 9 años y Santiago de 6, lleva desde octubre de 2022 sin poder abrazarlos, jugar con ellos, compartir momentos cotidianos que tejen el lazo irrompible de la paternidad. Su exesposa, maestra en Tampico Alto, se ha convertido en el obstáculo infranqueable que lo separa de sus pequeños, incumpliendo sistemáticamente los acuerdos legales desde hace más de dos años. Un incumplimiento que, según denuncia Nelson, se ve alimentado y solapado por la abuela materna, quien parece empeñada en borrar la figura paterna del mapa emocional de los niños.

Imaginen la frustración de este padre, la impotencia de ver cómo el tiempo, irrecuperable, corre sin poder ser testigo del crecimiento de sus hijos, de sus logros, de sus inquietudes. Una situación que se agrava con la lentitud del proceso judicial, en el Juzgado Séptimo Familiar de Tampico, a cargo de la jueza Teresa Oliva. Nelson clama justicia, pide que la ley se aplique con la firmeza que el caso requiere, que se proteja el bienestar emocional de Diego y Santiago, víctimas inocentes de un conflicto adulto que los sobrepasa.

El video difundido en redes sociales por González Peña revela la complejidad de la situación. Relata cómo su relación, iniciada en 2014, atravesó dificultades, incluyendo la presencia de una tercera persona, pero aun así decidieron casarse en 2019. Una decisión que, con el tiempo, se demostró fallida. Tras la separación, la convivencia con sus hijos se convirtió en un campo de batalla donde las armas son las artimañas legales y las víctimas, los propios niños.

Lo más alarmante es que este caso no es un hecho aislado. En Tamaulipas, la obstrucción del vínculo familiar es un delito, tipificado como violencia familiar e incluso, en algunos casos, como violencia vicaria, una forma de maltrato que utiliza a los menores para dañar al otro progenitor. La madre de Diego y Santiago, al parecer consciente de las consecuencias legales, prefiere pagar multas antes que permitir el contacto entre padre e hijos. Una actitud que revela la gravedad del problema y la necesidad de una intervención contundente por parte de las autoridades.

El Código Penal de Tamaulipas es claro: quien impide la convivencia familiar puede enfrentar penas de uno a cinco años de prisión y la obligación de recibir tratamiento psicológico. Pero más allá del castigo, lo fundamental es proteger el derecho de los niños a mantener una relación cercana y constante con ambos padres, siempre que no exista un riesgo para su bienestar. En este sentido, la legislación tamaulipeca reconoce el daño psicológico que este tipo de situaciones puede generar en los menores, promoviendo medidas para restablecer el contacto y garantizar su interés superior.

La pregunta que nos deja la historia de Nelson González Peña es ¿hasta cuándo se seguirá permitiendo que los niños sean utilizados como moneda de cambio en los conflictos de pareja? ¿Cuándo se aplicará la ley con la contundencia necesaria para proteger su derecho fundamental a tener una relación plena con ambos padres? La respuesta, esperemos, no se demore demasiado. El tiempo, en la vida de un niño, es un tesoro invaluable que no podemos permitirnos perder.