El valiente testimonio de la joven estudiante de Chiapas que denunció el acoso sexual por parte de docentes durante su ceremonia de graduación ha sacudido conciencias y puesto en el foco público una realidad silenciada por demasiado tiempo: la violencia de género dentro de las escuelas. Su acto de valentía, lejos de ser un hecho aislado, representa el clamor de miles de niñas y jóvenes que a diario enfrentan situaciones de acoso, incomodidad y miedo en los espacios que deberían ser seguros y propicios para su desarrollo. La pregunta que resuena con fuerza es ¿cómo podemos esperar que nuestras estudiantes se concentren en aprender, en participar plenamente en la vida escolar, si viven con el temor constante de ser acosadas?

La ENDIREH 2021 nos muestra una realidad alarmante: en Chiapas, la violencia sexual en las escuelas casi se duplicó en un periodo de cinco años. Estas cifras, frías y contundentes, representan el sufrimiento de 15 de cada 100 mujeres que asistieron a la escuela y sufrieron algún tipo de violencia sexual. Imaginemos el impacto devastador que esto tiene en sus vidas, en su autoestima, en su capacidad de confiar y de construir un futuro libre de violencia.

El acoso sexual no solo deja cicatrices emocionales, sino que también puede tener consecuencias físicas y académicas. Muchas jóvenes, ante la falta de apoyo y la revictimización que sufren al denunciar, optan por el silencio o incluso por abandonar sus estudios. Es una tragedia que el sistema educativo, en lugar de ser un refugio y una plataforma para su desarrollo, se convierta en un espacio de vulnerabilidad y miedo.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece la necesidad de implementar planes y programas de estudio con perspectiva de género para erradicar la violencia. Sin embargo, un análisis realizado por MONITO en 2025 revela que solo la mitad de las entidades del país incluyen en sus Programas Sectoriales de Educación (PSE) acciones concretas en esta dirección. Es inaceptable que aún existan estados que no contemplan la perspectiva de género en sus planes educativos, perpetuando así la normalización de la violencia.

La denuncia de la joven de Chiapas ha impulsado la creación del “Buzón Violeta”, un mecanismo para facilitar las denuncias de acoso. Sin embargo, no basta con crear herramientas, es fundamental que existan protocolos claros y efectivos que garanticen la protección de las víctimas y la sanción de los agresores. Es necesario capacitar a docentes, personal administrativo y a las familias para que puedan identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso. Necesitamos una transformación cultural que desnaturalice la violencia y promueva la igualdad de género en todos los ámbitos, empezando por las escuelas.

El llamado a la acción es urgente. No podemos permitir que la violencia de género siga robando el futuro de nuestras niñas y jóvenes. Es responsabilidad de todos, como sociedad, como autoridades y como comunidad educativa, construir entornos seguros y libres de acoso donde las estudiantes puedan desarrollar plenamente su potencial. La educación debe ser un motor de empoderamiento y no un escenario de miedo. La voz de la joven de Chiapas nos recuerda que el silencio nos hace cómplices, y que la lucha por una educación libre de violencia es una lucha por un futuro más justo e igualitario para todas y todos.