La promesa de la "austeridad republicana" resonó con fuerza al inicio del sexenio. Se presentaba como la antítesis del derroche, una vía para redirigir recursos hacia los programas sociales y una señal inequívoca de un cambio profundo en la forma de gobernar. La Ley Federal de Austeridad Republicana, con sus principios de reducción del gasto, transparencia, rendición de cuentas y eliminación de privilegios, parecía cimentar este nuevo paradigma. Sin embargo, la realidad se encargó de desdibujar este ideal. Lo que en un principio se percibió como un compromiso inquebrantable, se fue diluyendo en una serie de contradicciones, transformándose en un mero discurso político desprovisto de sustento.

Desde la polémica "casa gris" hasta los cuestionamientos sobre la fortuna de algunos funcionarios, las grietas en la fachada de la austeridad se hicieron cada vez más evidentes. El escándalo de Segalmex, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de la distancia entre el discurso oficial y la práctica gubernamental. Poco a poco, las tres premisas fundamentales –no mentir, no robar, no traicionar– se fueron desmoronando, dando paso a un ambiente de opacidad y sospechas en la asignación de contratos y el manejo de recursos públicos.

La posterior invocación a la "austeridad franciscana" no hizo más que profundizar la incongruencia. Mientras se pregonaba la pobreza y la humildad, la realidad mostraba a funcionarios viajando en vehículos de lujo y ostentando accesorios costosos. La brecha entre la retórica y la práctica se hizo insalvable, generando un profundo desencanto en la ciudadanía. La opacidad en torno a proyectos emblemáticos y la venta del avión presidencial, entre otros temas, alimentaron la percepción de una administración que, lejos de la transparencia prometida, se refugiaba en la ambigüedad.

Ahora, con el nuevo gobierno, se habla de una "justa medianía". Ante las evidentes muestras de excesos por parte de legisladores y funcionarios, se insta a la moderación y al control del gasto. Sin embargo, la sombra de la administración anterior se proyecta sobre este nuevo intento. La pregunta que surge es si esta nueva promesa será diferente, o si se repetirá el ciclo de discursos grandilocuentes seguidos de una realidad contradictoria. ¿Será la "justa medianía" un verdadero compromiso con la responsabilidad fiscal, o simplemente una nueva etiqueta para justificar las viejas prácticas? El tiempo, y el escrutinio público, tendrán la respuesta. La ciudadanía, con la experiencia del pasado reciente, se mantendrá vigilante, exigiendo congruencia entre las palabras y las acciones. La credibilidad, una vez perdida, es difícil de recuperar. Y en el ámbito político, la confianza es el activo más valioso.

La historia de la "austeridad republicana", la "austeridad franciscana" y ahora la "justa medianía" nos invita a reflexionar sobre la importancia de la coherencia en la gestión pública. Más allá de las etiquetas y los discursos, lo que realmente importa son los resultados, la transparencia y el compromiso genuino con el bienestar de la población. La ciudadanía espera, y exige, que las promesas se traduzcan en acciones concretas. El reto para la nueva administración es demostrar que han aprendido de los errores del pasado y que están dispuestos a construir un futuro basado en la honestidad, la eficiencia y la verdadera austeridad.