La sombra de la corrupción se cierne una vez más sobre la figura de Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito". La Fiscalía Anticorrupción de Campeche, su tierra natal, ha solicitado formalmente a la Cámara de Diputados su desafuero, abriendo un nuevo capítulo en la ya larga lista de acusaciones que pesan sobre el dirigente priista. El monto en cuestión, una cifra escandalosa que supera los 83 millones de pesos, se suma a las sombras de peculado y uso indebido de atribuciones que oscurecen su pasado como gobernador entre 2015 y 2019.

No se trata de simples rumores o especulaciones. Hablamos de cuatro carpetas judicializadas, investigaciones sólidas que involucran no solo a Moreno Cárdenas, sino a una red de 17 personas, exfuncionarios en su mayoría, algunos ya vinculados a proceso y otros colaborando con la justicia a cambio de beneficios. El entramado de corrupción se revela complejo y profundo, como las raíces de un árbol podrido que se extiende por todo el sistema.

Uno de los casos más impactantes es el que involucra a su exsecretario de Seguridad, Jorge “N”. Se habla de una red de servicios simulados, pagados con recursos destinados a la seguridad pública. Facturas por alimentos, mantenimiento de patrullas, aires acondicionados para zonas remotas como Calakmul… Gastos fantasma que engordaron los bolsillos de algunos mientras la seguridad de los campechanos quedaba desprotegida. Prestanombres que, por una miseria de 4 mil pesos, cedieron sus datos para emitir facturas falsas, contribuyendo a un desfalco que asciende a 27.2 millones de pesos. Un insulto a la confianza de la ciudadanía.

La Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), bajo el control de "Alito" como presidente de la Junta de Gobierno, también figura en la trama. Una empresa dedicada originalmente al turismo en Cancún, transformada de la noche a la mañana en una consultora fiscal y jurídica, recibió millonarios convenios sin dejar rastro alguno de haber prestado servicio. 23.8 millones de pesos evaporados en el aire, otro golpe al erario público.

La investigación, como una bola de nieve que crece a cada instante, alcanza incluso a la madre y al hermano de Moreno Cárdenas, señalados por triangular recursos públicos para adquirir propiedades de lujo. Detenidos, vinculados a proceso, declaraciones de testigos… Las piezas del rompecabezas se van uniendo, dibujando un panorama desolador de impunidad y corrupción.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Cámara de Diputados. ¿Se atreverán a desaforar a uno de los suyos? La Sección Instructora, ese espacio donde se negocia la justicia a conveniencia de los políticos, se convierte en el escenario de una decisión crucial.

Recordemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, cuyo desafuero fue rechazado por PRI y Morena en marzo, frenando las investigaciones por presunto abuso sexual. Recordemos también cómo el PRI se unió a Morena en octubre de 2022 para aprobar la extensión del control de la Sedena sobre la Guardia Nacional. Las coincidencias, en la oscuridad de la política, a veces hablan más que las palabras.

Con un nuevo paquete de reformas en puerta –seguridad, energía, el debate electoral– y el caso de Adán Augusto López y su exsecretario de seguridad pública aún fresco, los votos de aquellos con "cola larga" se convierten en moneda de cambio. ¿Será el desafuero de "Alito" otra víctima de estos pactos en lo oscurito? ¿O prevalecerá la justicia por encima de los intereses políticos? La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo. Y la ciudadanía, atenta, observa.