La reciente publicación del informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025" ha generado un intenso debate a nivel global. Si bien América Latina y el Caribe muestran avances significativos en comparación con otras regiones, la sombra del hambre y la inseguridad alimentaria continúa acechando a millones de personas. El documento, elaborado por organismos internacionales como la FAO, el FIDA, el PMA y la OMS, nos presenta un panorama complejo donde la suficiencia en la producción de alimentos contrasta con el preocupante aumento de sus precios. Esto nos obliga a reflexionar sobre la profunda interconexión de los sistemas agroalimentarios y la necesidad de implementar políticas públicas que aborden esta problemática de manera integral.

No podemos ignorar la volatilidad de los ingresos en países como México, Perú o Egipto, ni las marcadas diferencias que existen entre las distintas regiones del mundo. El informe subraya la importancia de un enfoque sistémico que considere la relación entre las personas y las políticas, desde el campo hasta la mesa del consumidor. La creciente inflación en los precios de los alimentos impacta de manera desproporcionada en las economías de bajos ingresos, agudizando las desigualdades estructurales y de género.

Las cifras son alarmantes: entre 638 y 720 millones de personas sufrieron hambre el año pasado. Si bien el porcentaje en América Latina y el Caribe (5.1%) es menor que en África (20.2%), la situación sigue siendo crítica. La inseguridad alimentaria, ya sea moderada o grave, afectó a cerca de 200 millones de personas en 2024, alcanzando un 28%. Estos datos nos interpelan como sociedad y nos exigen acciones concretas para revertir esta tendencia.

El informe también pone el foco en la desnutrición infantil, un problema que requiere atención urgente. A pesar de los avances, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar las metas establecidas para 2030. La anemia en mujeres, por ejemplo, aumentó del 27.6% al 30.7%, un dato que no podemos pasar por alto. La diversidad alimentaria mínima, un indicador clave para una nutrición adecuada, solo se alcanzó en un tercio de los niños entre 6 y 23 meses y en dos tercios de las mujeres entre 15 y 49 años.

El reporte nos proporciona un análisis exhaustivo sobre indicadores clave como el precio de los alimentos, la inflación y el impacto de las políticas implementadas. Además, explora la relación entre la seguridad alimentaria y las políticas fiscales, monetarias y de comercio exterior. Esta información resulta fundamental para la toma de decisiones y la planificación de estrategias que permitan abordar la problemática del hambre y la malnutrición de manera efectiva. Es imperativo que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen en conjunto para garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos. El futuro de la seguridad alimentaria depende de nuestra capacidad para transformar los sistemas agroalimentarios y construir un mundo más justo y equitativo. La información está sobre la mesa, ahora es el momento de actuar.