La tragedia vuelve a teñir de luto a la comunidad laboral de Monterrey. El fallecimiento de Emiliano Gaona Martínez, de tan solo 23 años, en la planta de Ternium, nos confronta con una realidad dolorosa y repetitiva: la precariedad de la seguridad industrial y la aparente impunidad con la que operan algunas empresas. Si bien la investigación está en curso, la falta de información transparente alimenta la incertidumbre y la indignación. La escueta explicación de que "el caso está bajo investigación" no basta para calmar la angustia de una familia destrozada, de una viuda joven y una niña que crecerá sin padre. ¿Será esta otra tragedia que quedará impune, sumándose a la larga lista de accidentes laborales que parecen no tener consecuencias para los responsables?

El caso de Emiliano evoca inevitablemente el de Karla Castro, la ingeniera cuyas botas de seguridad se fundieron con su piel por la negligencia de la misma empresa. Diez cirugías y una larga lucha por la justicia que, tras ocho años, sigue sin llegar. Las irregularidades denunciadas en su caso, desde la omisión de dar vista al Ministerio Público y al IMSS, hasta la presunta complicidad con el juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, pintan un panorama desolador de un sistema que parece proteger a los poderosos en detrimento de los derechos de los trabajadores. El uso de clínicas sin el equipo necesario, como la clínica Nova, a la que también fue llevado Emiliano, añade otra capa de preocupación sobre la calidad de la atención médica que reciben los empleados de Ternium en situaciones de emergencia.

No podemos olvidar tampoco el impacto ambiental de las operaciones de esta siderúrgica. La contaminación del arroyo La Talaverna con cloruro ferroso y la clausura temporal de la planta en Xoxtla, Puebla, por contaminar el río Atoyac, son ejemplos contundentes del desprecio por el medio ambiente que, a menudo, acompaña a la falta de compromiso con la seguridad de los trabajadores. La acaparación del agua, con 12 concesiones que le permiten explotar casi 10 millones de metros cúbicos al año, agudiza aún más el conflicto y plantea interrogantes sobre la distribución justa de este recurso vital.

La sombra de la impunidad se extiende también a Michoacán, donde Ternium está señalada por la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, tras ser amenazados por ejecutivos de la empresa. ¿Hasta cuándo se permitirá que la búsqueda de beneficios económicos se imponga sobre la vida y la seguridad de las personas y el respeto al medio ambiente?

La cercanía de Máximo Vedoya, director de Ternium, con figuras políticas como Marcelo Ebrard, no puede ser un escudo protector contra la justicia. Es imperativo que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y transparente sobre todos estos casos, que se sancione a los responsables y que se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente. La vida de Emiliano, la salud de Karla, el futuro de sus familias y el bienestar de las comunidades afectadas exigen justicia. No podemos permitir que la impunidad se convierta en la norma. El silencio y la inacción son cómplices de la tragedia.