La inseguridad que azota a México no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado niveles alarmantes que exigen una profunda reflexión y acciones contundentes. La reciente ENSU del INEGI, que revela que más del 63% de la población se siente insegura en sus ciudades, con picos superiores al 90% en algunas zonas, es un reflejo palpable de esta realidad. Ya no se trata solo de la ineficiencia o la omisión del Estado, sino de algo mucho más grave: la creciente complicidad entre el poder político y el crimen organizado. Una línea tan borrosa en algunos lugares que resulta casi imposible distinguir dónde termina uno y comienza el otro.

Desde Acción Nacional, hemos alertado durante años sobre esta preocupante tendencia, especialmente en gobiernos emanados de Morena. Muchos minimizaron nuestras advertencias, acusándonos de exagerar o de politizar el tema. Sin embargo, las denuncias, provenientes incluso del gobierno de Estados Unidos y de miembros del propio partido gobernante, confirman nuestros temores. Ya no se trata de supuestos o teorías, sino de un patrón de conducta que se repite con alarmante frecuencia. Gobiernos que pactan, protegen, e incluso impulsan a grupos delictivos, socavando el tejido social y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

El reciente caso de Tabasco es un ejemplo paradigmático de esta preocupante realidad. No solo se trata de complicidad, sino de la creación deliberada de un grupo criminal desde las entrañas del propio gobierno estatal. Un caso que revela la existencia de un nuevo orden, donde la Constitución ha sido suplantada por los intereses del narcopoder. Este patrón se repite en otros estados: Tamaulipas, con el flujo impune de huachicol; Sinaloa, sumido en una espiral de violencia que ha obligado a familias enteras a abandonar sus hogares; Baja California, con una gobernadora cuestionada e impedida de ingresar a Estados Unidos.

Ante esta situación, nos preguntamos: ¿dónde quedó la promesa de no traicionar al pueblo? ¿Qué mayor traición puede haber que la de un gobierno que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, se convierte en cómplice de quienes los despojan, secuestran y asesinan?

Desde Acción Nacional, no vamos a normalizar esta situación. Denunciaremos incansablemente cualquier indicio de colusión entre autoridades y criminales, por más que el régimen intente silenciarnos. Ante nuestras denuncias, la respuesta del oficialismo siempre es la misma: en lugar de investigar los hechos, inventan comisiones para investigarnos a nosotros. Aceptamos el escrutinio, pero exigimos que la señora presidenta Claudia Sheinbaum, libre de acusaciones de este tipo, demuestre con acciones su intolerancia a la colusión entre el poder político y el crimen organizado. Que no le dé a nuestro principal socio comercial pretextos para presionarnos.

Este no es un tema partidista, sino una encrucijada moral. O se está del lado de la legalidad o se es cómplice del narcopoder. En Acción Nacional lo tenemos claro: propondremos cadena perpetua para todo servidor público coludido con el crimen. No puede haber justicia mientras los responsables sigan protegidos por el poder.

Al pueblo mexicano le decimos: lo que está en juego es tu seguridad, tu patrimonio, tu vida. No nos vamos a rendir. Por más persecución, amenazas y calumnias, no nos callarán. México merece un gobierno que no se arrodille ante los criminales, y ese gobierno no puede ser el de Morena. En Acción Nacional somos y seremos la resistencia. No por ideología, sino por responsabilidad. No por ambición, sino por dignidad. México no está solo. México cuenta con el PAN.