La incertidumbre y la angustia se palpan en el aire del Hospital General de Tijuana. Rostros cansados, pero firmes, portan pancartas que claman justicia. No son médicos ni enfermeras abandonando sus puestos, sino profesionales de la salud defendiendo su derecho a un salario digno, a las prestaciones que les corresponden. La escena, lamentablemente, se repite en Mexicali, pintando un panorama preocupante en el sistema de salud de Baja California. El silencio de las autoridades se convierte en un eco ensordecedor ante el clamor de quienes dedican sus vidas al bienestar de la comunidad.

Rosario Ortiz, secretaria general del Sindicato de IMSS Bienestar en Tecate, Tijuana y Rosarito, se erige como la voz de la desesperanza. Con la fuerza que le otorga representar a cientos de trabajadores, denuncia el incumplimiento de pagos desde diciembre de 2024. Un adeudo que se acumula, que se traduce en familias con dificultades para cubrir sus necesidades básicas, en la imposibilidad de acceder a una vida digna. 7,400 pesos, una cifra que para muchos puede parecer insignificante, representa para Rosario y sus compañeros la diferencia entre la estabilidad y la precariedad.

El argumento de la compañía responsable de los pagos, escudándose en la falta de desembolsos por parte de IMSS Bienestar, no hace más que ahondar en la herida. Enero y febrero, meses que debieron traer consigo la esperanza de un nuevo año, se convirtieron en la confirmación de una amarga realidad: salarios ausentes, uniformes inexistentes, bonos administrativos evaporados. Una cadena de incumplimientos que deja a los trabajadores en la indefensión, con la incertidumbre de no saber cuándo podrán contar con los recursos que les pertenecen por derecho.

La lucha de estos profesionales de la salud no se limita a la reivindicación económica. Trasciende a la defensa de la calidad en la atención médica. ¿Cómo se puede brindar un servicio óptimo, con la preocupación constante de un salario que no llega, con la frustración de ver vulnerados sus derechos? La respuesta es simple: no se puede. Y es precisamente esa la razón por la que alzan la voz, no sólo por ellos, sino por los usuarios, por la comunidad que depende de su labor.

El hecho de que les hayan informado que ya no pertenecen al sindicato mayoritario, pero que fueron transferidos con las mismas condiciones laborales, añade otra capa de complejidad al conflicto. Una contradicción que genera confusión y desconfianza, que exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. ¿Se respetarán las condiciones laborales pactadas? ¿Se les otorgará un salario justo que les permita vivir con dignidad y brindar una atención de calidad?

La movilización en Mexicali, en solidaridad con sus colegas de Tijuana, demuestra la unidad y la fuerza de este colectivo. Un llamado a la acción que no puede ser ignorado. La salud es un derecho fundamental, y quienes la garantizan merecen ser tratados con respeto y justicia. La espera por una respuesta se prolonga, la incertidumbre se agudiza, pero la esperanza, a pesar de todo, se mantiene viva. La esperanza de que las autoridades escuchen, que actúen, que restituyan la dignidad a quienes dedican sus vidas al cuidado de los demás.