La reciente reforma constitucional en materia judicial, un verdadero hito en la búsqueda de una justicia más sólida y confiable, ha desencadenado un proceso de transformación en la judicatura mexicana, impactando no solo al Poder Judicial de la Federación, sino también a las estructuras judiciales locales. Este cambio profundo, que busca fortalecer la independencia judicial y la rendición de cuentas, se encuentra aún en proceso de implementación en los estados, presentando un reto crucial para la consolidación de un sistema judicial homogéneo y eficaz.

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado en septiembre de 2024, establece la obligación de los estados de garantizar la independencia de sus magistrados y jueces. Esta garantía, que se materializa a través de las constituciones y leyes orgánicas locales, implica la creación de Tribunales de Disciplina Judicial independientes, con la facultad de investigar y sancionar faltas administrativas. Sin embargo, la realidad muestra una implementación desigual en el territorio nacional. Mientras que 19 entidades federativas han adaptado sus marcos legales y llevado a cabo la elección de sus magistrados y jueces, incluyendo los integrantes de los Tribunales de Disciplina, 13 estados aún tienen pendiente este proceso, el cual deberán concluir en 2027. Este desfase temporal representa un desafío para la uniformidad y la eficacia del sistema judicial en su conjunto.

La armonización de las leyes orgánicas locales con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es un aspecto fundamental para asegurar la independencia judicial. La creación de sistemas homologados para la investigación de responsabilidades administrativas y la definición de un catálogo común de faltas judiciales son piezas clave para asegurar que la disciplina judicial se aplique con los mismos criterios en todo el país. La estandarización de estos procedimientos, inspirados en el Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permitirá no solo sancionar o remover a los impartidores de justicia que incurran en faltas, sino también prevenir conductas inapropiadas y fomentar la integridad en el ejercicio de la función judicial.

Más allá de la armonización legislativa, la implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento del desempeño judicial también debe ser homogénea en todos los niveles. Estos mecanismos, que deben estar alineados con los principios de responsabilidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficacia, permitirán evaluar de manera objetiva el trabajo de los jueces y magistrados, identificando áreas de mejora y promoviendo la excelencia en la administración de justicia.

Para lograr una verdadera cohesión en el sistema judicial mexicano, es esencial fomentar la comunicación y el intercambio de experiencias entre el Tribunal de Disciplina Judicial Federal y los órganos disciplinarios locales. Este diálogo interinstitucional permitirá no solo unificar criterios en la aplicación de la disciplina judicial, sino también fortalecer la independencia judicial y proteger el derecho ciudadano a presentar quejas y denuncias.

La disciplina judicial se erige como la piedra angular para garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Su correcta implementación, a través de la armonización legislativa, la estandarización de procedimientos y la colaboración interinstitucional, permitirá consolidar un sistema judicial sólido, capaz de responder a las demandas de la sociedad y fortalecer el Estado de Derecho en México. El camino hacia una justicia eficaz y confiable requiere un esfuerzo conjunto y un compromiso inquebrantable con la independencia judicial y la rendición de cuentas. La tarea no es sencilla, pero los beneficios para la sociedad mexicana serán invaluable.