La consolidación democrática en México vive un momento crucial. Desde la histórica jornada del 1° de diciembre de 2018, donde millones de mexicanos depositaron su confianza en un proyecto transformador, la participación ciudadana ha tomado un nuevo impulso. El precedente sentado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al someterse a la primera consulta de revocación de mandato marcó un hito, un compromiso tangible con la rendición de cuentas y la soberanía popular. Ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente, esta convicción democrática se profundiza, demostrando que la "continuidad con cambio" no es un simple eslogan, sino la base de una nueva forma de gobernar, más cercana a la gente y atenta a sus necesidades.

Este nuevo paradigma democrático encuentra eco en diferentes rincones del país. En Puebla, por ejemplo, el gobernador Alejandro Armenta, desde su época como senador, abanderó la causa de la revocación de mandato, no solo para la Presidencia de la República, sino también para las gubernaturas y las legislaturas. Su visión, congruente con el espíritu transformador que vive el país, buscaba empoderar a la ciudadanía, dotándola de herramientas para incidir directamente en el rumbo de sus gobiernos.

Sin embargo, a pesar de que la reforma federal sobre revocación de mandato, promulgada en 2019, otorgaba un plazo de 18 meses a las entidades federativas para armonizar sus leyes, Puebla aún no ha concretado este importante paso. Esta situación, lejos de desanimar, ha impulsado a actores políticos comprometidos con la democracia participativa a tomar la iniciativa. Es en este contexto que la reciente propuesta de reforma a la Constitución local, presentada por el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, cobra especial relevancia.

La iniciativa, que busca modificar cinco artículos de la Carta Magna poblana, no se limita a una mera adecuación técnica. Representa una verdadera reivindicación del derecho ciudadano a la participación, a la vigilancia y, en última instancia, a la corrección del rumbo. Consagra la revocación de mandato como un derecho ciudadano explícito, derivado del principio fundamental de la soberanía popular. Más aún, la eleva a la categoría de obligación cívica, reconociendo que en una democracia participativa la elección no es el punto final, sino el inicio de un proceso continuo de evaluación y responsabilidad compartida.

La propuesta del diputado Huerta Gómez no solo establece el derecho a la revocación, sino que también se preocupa por la estabilidad institucional. Prevé un procedimiento de sucesión claro y ordenado en caso de que la revocación del titular del Ejecutivo estatal proceda. Además, diseña un marco jurídico sólido y detallado, que incluye los requisitos para que los resultados de la consulta sean vinculatorios, garantizando la legitimidad del proceso y la efectividad de la decisión ciudadana.

Esta iniciativa, sin duda, abre un importante debate en Puebla. Un debate que trasciende las cuestiones técnicas y nos invita a reflexionar sobre el tipo de democracia que queremos construir. Una democracia donde el poder resida verdaderamente en el pueblo, donde la ciudadanía no solo elija a sus representantes, sino que también tenga la facultad de revocarlos o ratificarlos, ejerciendo un control efectivo sobre el ejercicio del poder. Como bien señala la frase popularizada por el expresidente López Obrador, "el pueblo pone y el pueblo quita". A esta afirmación, el diputado Huerta Gómez añade un elemento crucial: "el pueblo ratifica". Porque en una democracia madura y participativa, la ciudadanía no solo tiene el derecho a retirar su confianza, sino también a renovarla, fortaleciendo así la legitimidad de sus instituciones.