El caso del profesor José “N” ha sacudido a la comunidad de Pijijiapan y ha puesto bajo la lupa la problemática del acoso sexual en las escuelas de Chiapas. La valentía de la joven que alzó la voz durante su graduación, un momento que debería haber sido de celebración y alegría, ha destapado una caja de Pandora que revela la normalización de este tipo de violencia en el ámbito educativo. Su testimonio, estremecedor y conmovedor, ha resonado en miles de personas a través de las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la demanda de justicia para las víctimas.

La presunta huida del profesor a Guatemala, tras la denuncia pública, no solo refuerza las sospechas sobre su culpabilidad, sino que también evidencia la facilidad con la que muchos agresores intentan evadir la justicia. Afortunadamente, la rápida acción de las autoridades permitió su captura en Tapachula, enviando un mensaje claro: no habrá tolerancia para quienes abusen de su posición de poder para vulnerar la integridad de las estudiantes.

La Fiscalía General del Estado, bajo el liderazgo del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, ha actuado con diligencia en este caso, recopilando pruebas y testimonios que sustentan la vinculación a proceso. Sin embargo, la investigación no debe limitarse a un solo individuo. La abogada de la víctima, Lourdes Ovando Wong, ha señalado la posibilidad de que hasta 30 alumnas hayan sido afectadas por José “N” y, posiblemente, otros docentes. Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué mecanismos de control y prevención fallaron para permitir que esta situación se prolongara durante tanto tiempo?

La renuncia del director del plantel es un primer paso, pero no es suficiente. Se requiere una profunda revisión de los protocolos de actuación ante denuncias de acoso, así como una capacitación integral para el personal docente y administrativo. Es fundamental crear un ambiente seguro en las escuelas, donde las estudiantes se sientan protegidas y confiadas para denunciar cualquier tipo de violencia sin temor a represalias.

El Buzón Escolar, aunque útil, no puede ser la única vía para reportar estos casos. Se necesitan canales de comunicación más directos y accesibles, que garanticen la confidencialidad y la atención inmediata a las víctimas. La Secretaría de Educación Pública tiene la responsabilidad de impulsar políticas públicas que erradiquen el acoso sexual en las escuelas y promuevan una cultura de respeto e igualdad.

El clamor de las colectivas feministas, como Agenda Feminista de Chiapas, refleja la indignación y la preocupación de la sociedad ante esta problemática. Exigen justicia, sí, pero también exigen un cambio profundo en el sistema educativo, que garantice espacios seguros y libres de violencia para todas las estudiantes. El caso de José “N” no debe ser un caso aislado, sino un punto de inflexión para construir un futuro donde la educación sea sinónimo de seguridad, respeto e igualdad. La lucha continúa, y la voz de las jóvenes, cada vez más fuerte, seguirá resonando hasta que se haga justicia y se erradique el acoso de las aulas. El futuro de la educación depende de ello.