La desesperanza se palpa en el aire, un peso invisible que acompaña a cada mujer que llega a las puertas del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Historias desgarradoras, marcadas por la violencia feminicida, se entrelazan en un clamor por justicia que a menudo se encuentra con la sordera de las autoridades. Investigaciones que se estancan en laberintos burocráticos, necropsias inexistentes que impiden esclarecer la verdad, la negación del reconocimiento como víctimas indirectas, el dolor lacerante de ver a los responsables caminar libres… Son los motivos que las impulsan a buscar el apoyo del IFDP, la última esperanza en un sistema que parece fallarles una y otra vez.

Treinta y tres defensoras públicas federales, distribuidas a lo largo y ancho del país, se erigen como un escudo protector frente a la adversidad. Con empatía y profesionalismo, escuchan los relatos, analizan los casos, buscan incansablemente las grietas en el sistema para que la justicia, finalmente, se manifieste. 220 casos, 220 historias de dolor que se convierten en la bandera de lucha de estas mujeres. Tamaulipas y la Ciudad de México, con 18 casos cada una, encabezan la lista de la vergüenza. Les siguen Guerrero con 14, Jalisco y Querétaro con 13, Quintana Roo y Veracruz con 12… Un mapa del horror que se extiende por todo el territorio nacional, dejando apenas algunos estados como Tabasco y Baja California, donde la aparente ausencia de solicitudes no necesariamente refleja una menor incidencia, sino quizás una mayor dificultad para acceder a este recurso vital.

Cada caso es un universo en sí mismo, un rompecabezas complejo que las defensoras deben armar con paciencia y minuciosidad. Algunos llegan en etapas iniciales, cuando la investigación apenas comienza y el feminicida se encuentra prófugo. Otros, en la fase de ejecución de sentencia, cuando la batalla legal parece haber terminado, pero la lucha por la verdad y la reparación del daño continúa. La labor de las defensoras no se limita a la representación jurídica. Se convierten en confidentes, en acompañantes en un proceso doloroso y complejo. Coadyuvan con el Ministerio Público, solicitan diligencias, exigen la realización de peritajes. Incluso, en algunos casos, se enfrentan a la desidia y la negligencia de las autoridades que ni siquiera han practicado la necropsia, un paso fundamental para el esclarecimiento de los hechos.

Los logros alcanzados, aunque insuficientes frente a la magnitud del problema, son un aliciente que renueva las fuerzas. Cinco sentencias condenatorias, la reclasificación de un delito de homicidio a feminicidio en Chiapas, la condena de 70 años de prisión para un policía que asesinó a su novia en Puerto Vallarta… Cada victoria es un paso adelante, una muestra de que la lucha no es en vano. Incluso en casos donde el responsable ha fallecido, como en el del químico asesino serial de Iztacalco, la búsqueda de justicia no cesa. Se exige una investigación exhaustiva, se reclama la reparación del daño a las víctimas, se busca el derecho a la verdad, para que el silencio no se imponga sobre el horror.

La labor de las defensoras no está exenta de obstáculos. En algunos estados, son vistas como una “piedrita en el zapato”, una molestia para las autoridades que prefieren la comodidad de la impunidad. Sin embargo, su presencia constante, su compromiso inquebrantable, es una garantía para las víctimas de que no están solas. El apoyo que brindan va más allá de lo jurídico. Acompañan a las víctimas en las audiencias, las asesoran en cada paso del proceso, las contienen en momentos de angustia y desesperación. Porque la justicia no se limita a una sentencia, sino que abarca la reparación integral del daño, la atención a las necesidades de las víctimas y la construcción de un futuro donde la violencia feminicida sea erradicada para siempre.