La reciente controversia en torno a las elecciones judiciales ha puesto de manifiesto la complejidad del sistema electoral mexicano y la delicada línea que separa la información al ciudadano de la posible influencia indebida. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su preocupación por lo que considera resoluciones contradictorias del INE, especialmente en lo concerniente al uso de "acordeones" con información de los candidatos, un tema que ha generado debate y multas. Esta aparente inconsistencia en los criterios del INE, según la mandataria, justifica la espera del fallo del Tribunal Electoral, instancia que en última instancia dirimirá la legalidad de estas acciones. Se abre aquí un interrogante crucial: ¿dónde se traza la frontera entre la legítima ayuda memoria para el elector y la promoción que podría considerarse proselitismo encubierto?

La situación se torna aún más delicada al involucrar a los futuros integrantes de la Corte, quienes, según se ha planteado, también podrían ser objeto de sanciones. Este escenario plantea una reflexión profunda sobre la autonomía del Poder Judicial y la posible interferencia de factores externos en su conformación. Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum Pardo apuntan a la necesidad de claridad y coherencia en las normativas electorales, para evitar interpretaciones discrecionales y garantizar la transparencia del proceso. La mención de que el INE previamente había desestimado la influencia de los "acordeones" y posteriormente cambió su postura, añade otra capa de complejidad al asunto y refuerza la importancia de la intervención del Tribunal Electoral.

Más allá de las sanciones y los aspectos legales, se encuentra el debate de fondo sobre la participación ciudadana. Sheinbaum Pardo destaca la alta concurrencia a las urnas, con 13 millones de personas ejerciendo su derecho al voto, lo que, en su opinión, legitima la elección de los nuevos magistrados. Este argumento plantea la cuestión de si la masiva participación ciudadana es suficiente para validar un proceso electoral, incluso si existen dudas sobre la regularidad de algunas prácticas. La presidenta insiste en que la decisión final recayó en la ciudadanía, no en el Ejecutivo, y subraya el carácter histórico de la elección de un ministro de la Corte de origen indígena, un hecho que considera un avance significativo.

La perfectibilidad del sistema electoral es un tema recurrente en el discurso político. Si bien se reconoce que siempre hay márgenes de mejora, la pregunta clave es cómo implementar esos cambios sin afectar la esencia democrática del proceso. La controversia sobre los "acordeones" y las resoluciones del INE son un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el sistema electoral mexicano y la necesidad de un diálogo abierto y constructivo para fortalecer la democracia. La espera del fallo del Tribunal Electoral mantendrá la atención pública centrada en este tema, que sin duda tendrá implicaciones significativas para el futuro de las elecciones en México.