Un manto de incertidumbre se cierne sobre el proceso electoral judicial tras la polémica decisión del INE de multar a cerca de 130 candidatos por su aparición en los controvertidos "acordeones" electorales. La sanción, equivalente al 10% del tope de gastos de campaña, ha desatado un acalorado debate en el seno del Consejo General, dividiendo las opiniones y poniendo en tela de juicio la solidez de las pruebas presentadas. Mientras algunos consejeros defienden la necesidad de sancionar la presunta irregularidad, otros argumentan la falta de elementos probatorios contundentes que vinculen directamente a los candidatos con la elaboración y distribución de dicho material.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, junto con los consejeros Jorge Montaño, Norma de la Cruz y Rita Bell, han expresado su disconformidad con la medida, calificándola de "ilegal". Aseguran que la Unidad Técnica de Fiscalización no ha logrado determinar la autoría ni el costo de los "acordeones", lo que imposibilita la imposición de una sanción justa y proporcionada. La propia consejera Taddei ha señalado la imposibilidad de cuantificar la totalidad de los materiales impresos y distribuidos, así como la falta de elementos que permitan corroborar la difusión de la propaganda a través de medios digitales. Esta falta de precisión, argumentan, vulnera el principio de presunción de inocencia y convierte la sanción en una apreciación subjetiva sin bases sólidas.

La controversia se agudiza ante la imposibilidad de determinar la responsabilidad directa de los candidatos en la elaboración y distribución de los "acordeones". Si bien la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reconoce la falta de pruebas concluyentes, insiste en la necesidad de sancionar a los candidatos electos que se beneficiaron de esta práctica. Argumenta que la falta de regulación en el uso de este tipo de propaganda generó una ventaja injusta para algunos candidatos y que, por lo tanto, se deben tomar medidas ejemplares para evitar que se repita en el futuro.

El consejero Jaime Rivera, por su parte, apunta a la posible implicación de "maquinarias" políticas con amplios recursos económicos en la distribución de los "acordeones". Si bien reconoce la dificultad de cuantificar el costo de la propaganda ilegal, destaca su evidente impacto en el proceso electoral y la necesidad de investigar a fondo para deslindar responsabilidades. Este señalamiento añade una nueva capa de complejidad al caso, abriendo la puerta a especulaciones sobre la posible influencia de actores externos en el desarrollo de la contienda electoral.

La división en el seno del INE refleja la complejidad del caso y la dificultad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de sancionar las irregularidades electorales y la garantía del debido proceso. La falta de claridad en torno a la autoría, distribución y financiamiento de los "acordeones" genera un clima de incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral, poniendo en entredicho la legitimidad de los resultados. La polémica desatada por esta decisión subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control de gastos de campaña, así como la necesidad de establecer criterios claros y objetivos para la imposición de sanciones, garantizando así la transparencia y la equidad en los procesos electorales. El futuro de los candidatos sancionados y el impacto de esta decisión en el panorama político aún están por verse, mientras el debate sobre la legalidad y la justicia de la medida continúa.