La controversia en torno a los viajes de ciertos miembros prominentes de la 4T ha desatado un debate acalorado. Mientras algunos defienden estas acciones, otros las condenan y un tercer grupo anhela que el tema se desvanezca en el olvido. Sin embargo, hay quienes insisten en mantener el foco en la cuestión. Personalmente, considero que la vida privada de cada individuo merece respeto. Siempre y cuando no se infrinja la ley, no se utilicen recursos públicos para fines personales, ni se generen escándalos o perjuicios a terceros, no debería haber motivo de controversia, mucho menos de indignación.

No obstante, los políticos y figuras públicas están sujetos a un escrutinio más riguroso que el resto de la ciudadanía. Al optar por la vida pública, se aceptan implícitamente las reglas y los costos que conlleva. La vara de medir debe ser la misma para todos. No es admisible que el lujo de unos sea socialmente aceptado mientras que el de otros no, o que se exijan ciertas normas de conducta a unos sí y a otros no. Por ejemplo, debería preocuparnos por igual que un político o figura pública católica (por mencionar un ejemplo religioso) no practique la caridad en su vida personal o en sus propuestas sociales, que se exprese con un discurso de odio o que no comprenda el concepto del perdón.

Sin embargo, existe un elemento fundamental: la congruencia. Los políticos, especialmente aquellos que ocupan posiciones de liderazgo, tienen la obligación de ser congruentes, sobre todo cuando desde las altas esferas de su partido o movimiento se les exhorta a la prudencia, la mesura y la discreción.

Las figuras públicas siempre serán juzgadas con mayor severidad, independientemente de si esto es justo o no. Estarán expuestas al escarnio público si no actúan con propiedad y mesura. Precisamente este es el escándalo que hoy envuelve tanto al Secretario de Educación Pública como al Secretario de Organización de Morena, incluyendo a algunos de sus legisladores más destacados.

Recuerdo una anécdota de hace algunos años. Impartía una charla a un grupo de diputados federales sobre la gestión de su imagen y comunicación (mi área de especialización). Uno de ellos se quejó de que los periodistas constantemente buscaban la oportunidad de fotografiarlos durmiendo durante las sesiones para luego exhibirlos. Mi respuesta fue simple: "Señor diputado, la solución es muy sencilla: no se duerma durante las sesiones".

A los actuales protagonistas de la controversia les daría el mismo consejo: si no desean ser exhibidos, eviten los viajes ostentosos. Si tanto les gusta viajar con lujo, esperen al término de su mandato o renuncien para dedicarse a ello, porque ambas cosas no son compatibles.

Además, hay otro detalle crucial que deberían considerar: la actual Presidenta de la República tiene un estilo de viaje mucho más discreto y menos ostentoso. Ha hecho varios llamados a la prudencia en los viajes, llamados que, al parecer, han sido ignorados por sus correligionarios, quienes no solo le han dado la espalda, sino que lo han hecho viajando en primera clase.

Sin embargo, ella posee las herramientas y la autoridad moral para exponerlos cada vez que incurran en estas conductas, y en un país tan presidencialista como el nuestro, eso tiene un peso considerable. Este tipo de incongruencias no solo erosionan la confianza pública, sino que también generan una percepción de desigualdad y privilegio, alimentando la crítica y el cuestionamiento sobre la legitimidad de quienes ostentan el poder. La austeridad y la congruencia no son meras palabras, sino principios que deben guiar la conducta de quienes aspiran a representar al pueblo y servir a la nación. El debate no se centra en el derecho a viajar, sino en la forma en que se ejerce ese derecho, especialmente cuando se trata de figuras públicas que deberían predicar con el ejemplo.