La inseguridad, una sombra que se cierne sobre nuestra cotidianidad, nos confronta con la dura realidad de la vulnerabilidad. Mientras navegamos por las aguas tranquilas de la rutina, del trabajo a la casa, de la escuela al esparcimiento, pocas veces nos detenemos a pensar en la posibilidad de ser víctimas de un delito. Pero la realidad es que la delincuencia acecha, y cuando nos toca enfrentarla, la incertidumbre y el desamparo pueden ser abrumadores. ¿A dónde acudir? ¿Qué pasos seguir? El laberinto burocrático y el temor a la revictimización se convierten en obstáculos que impiden a muchos dar el primer paso: denunciar.

Denunciar un delito no es un mero trámite administrativo, es un acto de valentía, un mecanismo esencial para que el Estado cumpla con su obligación de investigar, sancionar y, sobre todo, prevenir futuros actos delictivos. Es la herramienta que pone en marcha la maquinaria de la justicia, que busca no solo castigar a los culpables, sino también reparar el daño a las víctimas y proteger a la sociedad en su conjunto.

La Constitución, nuestra carta magna, establece claramente la responsabilidad del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Fiscalías, policías, la Guardia Nacional, todos forman parte de un sistema que debe estar al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad a menudo dista de lo ideal. El miedo a represalias, la desinformación sobre los procedimientos, la percepción de ineficiencia de las autoridades e incluso la falta de empatía por parte de quienes deberían brindarnos apoyo, son factores que desalientan la denuncia.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio para ciertos delitos considerados de alto impacto, como el homicidio, el secuestro o el narcotráfico. Sin embargo, existen otros ilícitos, como el robo sin violencia, el fraude o las amenazas, que requieren la denuncia de la víctima para que se inicie una investigación. Esta distinción, si bien tiene su lógica, puede generar una sensación de injusticia, especialmente para quienes han sufrido delitos que, aunque no sean perseguidos de oficio, les han causado un profundo daño.

La reciente iniciativa para que la extorsión se investigue de oficio es un paso en la dirección correcta. Este delito, que corroe el tejido social y genera pérdidas millonarias, requiere una respuesta contundente del Estado. Sin embargo, no podemos detenernos ahí. Es necesario un análisis profundo del catálogo de delitos que se investigan de oficio y de aquellos que requieren denuncia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia y garantizar que ninguna víctima quede desamparada.

Más allá de las leyes y los procedimientos, es fundamental un cambio de paradigma en la forma en que abordamos la atención a las víctimas. No basta con discursos grandilocuentes sobre la importancia de poner a las víctimas en el centro. Se requiere una transformación real en la práctica, que se traduzca en un trato digno, en la provisión de servicios especializados de apoyo psicológico, social y económico, y en la implementación de medidas de protección efectivas. Las víctimas necesitan saber que no están solas, que el Estado está de su lado y que se hará justicia.

La profesionalización de las policías y ministerios públicos es crucial en este proceso. Necesitamos servidores públicos capacitados, sensibles y comprometidos con la justicia, que inspiren confianza y brinden un acompañamiento efectivo a las víctimas. Una investigación sólida, profesional y científica, que no solo busque establecer responsabilidades, sino también generar información para el análisis delictivo, es fundamental para combatir la impunidad y construir un México más seguro.

Incentivar la denuncia es una tarea de todos. Debemos romper el ciclo del silencio y el miedo, y promover una cultura de la legalidad en la que las víctimas se sientan empoderadas para exigir sus derechos. Solo así podremos construir una sociedad más justa y segura para todos.