La sombra de la incertidumbre continúa extendiéndose sobre Ayotzinapa. Un nuevo encuentro, la cuarta reunión en Palacio Nacional, entre las familias de los 43 normalistas desaparecidos y la presidenta Claudia Sheinbaum, abre una nueva página en la búsqueda incesante de verdad y justicia. La esperanza, aunque a veces tenue, se aferra a la posibilidad de avances significativos, de respuestas que acallen el dolor que por casi una década ha lacerado a México. La llegada de los familiares, rostros marcados por el tiempo y la angustia, a las puertas del poder, es un recordatorio constante de la deuda pendiente que el Estado tiene con ellos y con la sociedad. Mujeres, en su mayoría, madres que se niegan a olvidar, que se niegan a claudicar en su lucha por saber qué pasó con sus hijos.

Esta reunión cobra especial relevancia por la presencia de Mauricio Pasarán, el nuevo fiscal especial del caso, quien asume la pesada responsabilidad de tomar las riendas de una investigación plagada de obstáculos y opacidades. La salida de Rosendo Gómez Piedra deja un interrogante sobre el rumbo que tomarán las indagatorias, pero también una oportunidad para imprimir un nuevo impulso, para explorar nuevas líneas de investigación y, sobre todo, para llegar a la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. La mirada de las familias está puesta en él, esperando respuestas, esperando acciones concretas que rompan el ciclo de impunidad.

El abogado Vidulfo Rosales, incansable defensor de los derechos humanos, acompaña a las familias en esta nueva cita con la esperanza. Sus palabras, cargadas de significado, reclaman la transparencia y la colaboración de todas las instancias involucradas, en particular del Ejército Mexicano. La exigencia de acceso a la información que obra en poder de las fuerzas armadas se convierte en un punto crucial, un clamor que resuena con fuerza en los pasillos del poder. ¿Qué secretos se esconden tras el silencio? ¿Qué piezas del rompecabezas faltan para completar la imagen de la tragedia? La respuesta a estas preguntas podría ser la clave para desentrañar el misterio de Ayotzinapa.

La renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda añade otro elemento de complejidad al panorama. Su salida, aunque programada para 2025, genera interrogantes sobre la continuidad de las políticas de búsqueda de personas desaparecidas en el país. La próxima consulta pública para designar a su sucesor se presenta como una oportunidad para fortalecer esta institución crucial en la lucha contra la impunidad y para asegurar que las víctimas de desaparición forzada tengan una voz y una representación efectiva en la búsqueda de sus seres queridos. La participación de la sociedad civil, de los colectivos de víctimas y de expertos en la materia será fundamental para garantizar un proceso transparente y democrático.

La búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una herida abierta en la sociedad mexicana, una prueba de fuego para la democracia y el Estado de derecho. Cada reunión, cada declaración, cada paso que se da en la investigación es un paso hacia la verdad, un paso hacia la justicia, un paso hacia la reparación del daño. El camino es largo y tortuoso, pero la esperanza, como una llama que se niega a extinguirse, sigue iluminando el camino. La lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia continúa.