La sombra de la extorsión se cierne cada vez más oscura sobre el panorama empresarial mexicano. Las cifras reveladas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pintan un escenario preocupante: 5,887 negocios víctimas de este delito en tan solo el primer semestre de 2025. Un incremento del 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que resuena como una alarma ensordecedora en los oídos del sector productivo. No se trata simplemente de números en una hoja de cálculo, sino de la realidad palpable de miles de empresarios, desde los pequeños comerciantes hasta las grandes industrias, que se ven obligados a ceder ante las presiones del crimen organizado.

El Monitor de Seguridad de #DataCoparmex, un termómetro de la situación actual, refleja la profunda inquietud que se respira en el ámbito empresarial. La inseguridad, como un virus, se propaga y carcome la confianza, minando la posibilidad de un desarrollo económico sólido y sostenible. Las palabras de Juan José Sierra, presidente Nacional de Coparmex, resuenan con la fuerza de la desesperación: “Ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones de seguridad y certeza jurídica”. Una verdad ineludible que nos obliga a reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo como nación.

El análisis a nivel estatal revela un mapa desigual, con Guanajuato, Morelos y el Estado de México como los epicentros de esta problemática. A nivel municipal, Cuautla, Salamanca y San Miguel de Allende, ciudades con un importante dinamismo económico, se ven asfixiadas por el yugo de la extorsión. Estos datos no son simples estadísticas, son el reflejo del miedo que paraliza a comunidades enteras, frenando el crecimiento y ahogando las esperanzas de un futuro mejor.

La extorsión, sin embargo, no es el único monstruo que acecha a las empresas mexicanas. El estudio de la Coparmex también revela un incremento en otros delitos, como el robo de vehículos, el asalto a negocios y los homicidios. Un cóctel explosivo que alimenta la incertidumbre y pone en jaque la estabilidad del país. La violencia, en todas sus manifestaciones, se convierte en un obstáculo insalvable para el progreso.

Ante este panorama desolador, la voz de Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, se alza con la urgencia de quien busca soluciones concretas. La propuesta de una Ley General de Extorsión, que unifique criterios y combata la impunidad, se presenta como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Esta ley, tan necesaria como el aire que respiramos, debe ser un instrumento eficaz para perseguir y castigar a quienes se lucran del miedo ajeno.

Asimismo, la creación de Unidades Antiextorsión especializadas, dotadas de la inteligencia necesaria para desmantelar las redes criminales, se plantea como una estrategia fundamental en esta lucha. Fortalecer la línea 089, promoviendo su uso para denunciar cualquier modalidad de extorsión, es crucial para empoderar a la ciudadanía y romper el círculo vicioso del silencio y la impunidad. Es vital que las víctimas se sientan respaldadas y protegidas al alzar la voz, sabiendo que sus denuncias serán atendidas con la seriedad y la celeridad que merecen.

La lucha contra la extorsión es una batalla que nos incumbe a todos. No podemos permanecer indiferentes ante el clamor de quienes ven amenazado su patrimonio y su seguridad. Es momento de unir fuerzas, de exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad y de construir un México donde la legalidad sea la norma y la impunidad, una excepción. El futuro de nuestro país depende de ello.