La promesa de una "histórica inversión" en salud pública por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado más interrogantes que alivio. Si bien cualquier inyección de recursos al sector salud es bienvenida, el anuncio de 21 mil millones de pesos repartidos entre 24 estados a lo largo de tres años, levanta serias dudas sobre su verdadero impacto. ¿"Histórica"? Difícilmente. La cifra, al desglosarla, resulta irrisoria, especialmente considerando las crecientes necesidades del sistema.

La opacidad en torno a la selección de los 24 estados beneficiados alimenta la sospecha de un sesgo político. ¿Por qué sólo 24 y no los 32? ¿Se priorizarán las entidades gobernadas por Morena y sus aliados? De ser así, estaríamos ante una grave instrumentalización de la salud pública, utilizándola como moneda de cambio política. La salud de los mexicanos no debería depender del color del partido gobernante. La presidenta gobierna para todos, no solo para una facción.

El contexto agrava aún más la situación. El presupuesto de salud para 2025 sufrió una reducción considerable del 12.2% respecto al de 2024, lo que se traduce en 122 mil millones de pesos menos. Este recorte contrasta drásticamente con el discurso oficial y evidencia una preocupante desconexión entre la retórica y la realidad. Mientras se anuncia una "histórica inversión", se recorta el presupuesto global, generando una paradoja que erosiona la credibilidad del gobierno.

Y la historia no termina ahí. A la reducción presupuestaria se suma la inejecución de los recursos asignados. Durante el primer trimestre de 2025, el gasto efectivo en salud fue el más bajo desde 2010. Es decir, no solo se asignó poco, sino que ni siquiera se gastó todo lo disponible. ¿Dónde quedaron esos 45.4 mil millones de pesos que no se ejercieron? La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas.

La falta de personal médico, la escasez de equipo especializado y el deterioro de la infraestructura hospitalaria son problemas crónicos que requieren soluciones contundentes, no parches ni propaganda. Invertir 21 mil millones de pesos a tres años en solo 24 estados, mientras se recorta el presupuesto global y se desvían recursos a proyectos faraónicos como el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA, es una burla para los millones de mexicanos que dependen del sistema público de salud.

La salud es un derecho fundamental, no un privilegio. El gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios de calidad para todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política o su lugar de residencia. Es hora de priorizar la salud y dejar de lado las promesas vacías y los juegos políticos. El futuro del país depende de ello. La salud de los mexicanos no puede esperar.