La sombra de la vigilancia cibernética se extiende sobre la frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Defensa estadounidense, siguiendo las directrices del presidente Trump, planea desplegar un sistema de monitoreo digital con el objetivo declarado de combatir el tráfico de drogas. Esta noticia, filtrada a legisladores republicanos, ha generado una oleada de inquietud y especulación, especialmente en México, donde se interpreta como un paso más hacia una posible intervención militar en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

El plan, aún en fase de desarrollo, contempla la utilización de drones artillados por parte del Comando Norte, la misma entidad encargada de colaborar con el Departamento de Seguridad Interior en la contención de la inmigración indocumentada. La idea, según se ha podido saber, es utilizar estos dispositivos como elemento disuasorio para frenar el flujo de personas y narcóticos a través de la frontera. Sin embargo, la falta de detalles específicos por parte del Pentágono alimenta la incertidumbre y las conjeturas.

La administración Trump ha justificado la medida señalando la creciente crisis de salud pública provocada por el fentanilo y otras drogas sintéticas, acusando a los cárteles mexicanos de ser los principales responsables de su distribución en Estados Unidos. El presidente, en su habitual retórica incendiaria, ha llegado incluso a calificar a estas organizaciones como grupos terroristas internacionales, una etiqueta que ha encendido las alarmas en ambos lados de la frontera.

Si bien es innegable el impacto devastador del narcotráfico en la sociedad estadounidense, la comparación con la amenaza nuclear iraní, utilizada por la Casa Blanca para justificar intervenciones militares en el pasado, resulta, cuanto menos, forzada. Los cárteles, en su búsqueda de lucro, se aprovechan de la demanda existente en Estados Unidos, un problema de salud pública y educación que la administración Trump parece ignorar convenientemente.

La preocupación en México no se centra únicamente en la posibilidad de una intervención militar directa. El despliegue de drones artillados, aunque presentado como una medida disuasoria, se percibe como una provocación y una demostración de fuerza innecesaria. La experiencia del "Culiacanazo", el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, demuestra la fragilidad del equilibrio de poder y el riesgo de escaladas violentas.

Más allá de la retórica belicista y las amenazas veladas, es crucial entender la complejidad del problema del narcotráfico. Reducirlo a una cuestión de seguridad nacional estadounidense y demonizar a los cárteles mexicanos, ignorando la responsabilidad del propio país en la creación de la demanda, es una simplificación peligrosa que no contribuye a la búsqueda de soluciones reales.

La cooperación entre México y Estados Unidos es fundamental para combatir el tráfico de drogas, pero esta colaboración debe basarse en el respeto mutuo y el reconocimiento de las responsabilidades compartidas. La militarización de la frontera y la retórica incendiaria no solo son ineficaces, sino que también pueden agravar la situación y poner en riesgo la estabilidad de la región. Es necesario un enfoque integral que aborde las causas profundas del problema, incluyendo la prevención, el tratamiento de las adicciones y la lucha contra la corrupción en ambos lados de la frontera. Solo así se podrá avanzar hacia una solución sostenible y duradera. El futuro de la relación bilateral depende de ello.