El debate en torno a la revitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha cobrado un nuevo impulso bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La posibilidad de emplear técnicas de fracturación hidráulica, comúnmente conocidas como fracking, en campos petroleros maduros se perfila como una opción cada vez más atractiva para revertir la declinante producción. Si bien esta técnica ha sido objeto de controversia por su impacto ambiental, la urgencia de asegurar la viabilidad financiera de Pemex a largo plazo ha reavivado la discusión.

La experiencia estadounidense, donde la adopción del fracking ha impulsado significativamente la producción petrolera, pasando de 9.3 millones de barriles diarios hace una década a los actuales 13.4 millones, sirve como referente ineludible. En México, la situación financiera de Pemex, agobiada por una colosal deuda y la creciente impaciencia de la Secretaría de Hacienda, exige soluciones drásticas. Ante este panorama, la Secretaría de Energía, liderada por Luz Elena González Escobar, contempla seriamente la posibilidad de levantar las restricciones a esta tecnología.

Sin embargo, la historia del fracking en México está marcada por la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, quienes en su momento se pronunciaron en contra de esta técnica debido al uso intensivo de agua y la contaminación que generaba. Este antecedente plantea un desafío político considerable para la actual administración.

Para sortear la resistencia de grupos ambientalistas y la opinión pública, se baraja la posibilidad de implementar variantes del fracking que no requieran agua, como la que utiliza gas propano líquido, desarrollada por empresas como Gasfrac Energy Services. Incluso se considera modificar la denominación de la técnica para disociarla de la imagen negativa que la acompaña. Esta estrategia busca conciliar la necesidad de incrementar la producción petrolera con la protección del medio ambiente, un equilibrio complejo que requiere un análisis exhaustivo de los riesgos y beneficios.

El interés de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en aplicar esta tecnología en municipios petroleros como Minatitlán, Poza Rica y Cosamaloapan, añade un nuevo elemento a la ecuación. Estos municipios, otrora centros neurálgicos de la industria petrolera, han perdido protagonismo frente a Tabasco y Campeche, y la posibilidad de reactivar su economía mediante el fracking representa una oportunidad atractiva para la región.

Paralelamente, la empresa de parques industriales Finsa, dirigida por Sergio Argüelles, continúa su expansión estratégica con la adquisición de una nave industrial en Aguascalientes por 425 millones de pesos. Esta inversión, que se suma a los 320 mil metros cuadrados de superficie industrial que Finsa ya posee en el estado, refleja la confianza del sector privado en el potencial económico de la región y la apuesta por el desarrollo industrial. La convergencia de estos factores, el debate energético y las inversiones en infraestructura, configuran un panorama dinámico y complejo en el que la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles se vuelve crucial para el futuro de México.