La Feria Nacional Francisco Villa, autoproclamada "la joya de la corona" del gobierno de Durango, se vio empañada por un episodio que deja al descubierto la fragilidad de la libertad de prensa en el estado. Mientras el brillo de la Expo Ganadera, uno de los eventos centrales de la feria, intentaba deslumbrar a los asistentes, la sombra de la censura se cernía sobre dos madres de familia que, con la valentía que solo la desesperación puede otorgar, alzaban sus voces y pancartas para exigir medicamentos para sus hijos con cáncer. "El cáncer no espera", rezaban sus carteles, un grito silencioso que resonaba con la urgencia de una enfermedad implacable.

El gobernador Esteban Villegas, presente en el evento, intentó dialogar con las manifestantes. Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado cuando Víctor Hugo Hernández Fuentes, director de Comunicación Social del estado, irrumpió con una actitud que distaba mucho del profesionalismo que se espera de un funcionario público. Con su sombrero de vaquero, intentó obstruir la labor de la periodista del medio Contacto que documentaba la protesta. Sus exclamaciones de "¡Qué bajo! ¡Qué bajo, eh!" resonaron en el aire, cargadas de una indignación mal dirigida.

No se trataba de un escándalo, ni de un acto de violencia, sino de madres desesperadas clamando por un derecho fundamental: el acceso a la salud. La escasez de medicamentos en el Servicio Estatal de Cancerología (SECan) es una realidad conocida por los duranguenses, una herida abierta en el sistema de salud que estas madres intentaban visibilizar. ¿Qué hay de bajo en documentar la realidad, en dar voz a quienes sufren en silencio?

Hernández Fuentes, quien presume en su currículum de su "entendimiento de la relación institución-medios de comunicación", demostró una comprensión distorsionada de dicho vínculo. En lugar de facilitar la labor periodística, optó por el hostigamiento verbal, interrumpiendo la grabación con ladridos irónicos y repitiendo la frase "qué bajo" como un mantra vacío de significado. Su actitud no solo intentó censurar a la prensa, sino también a las madres que se manifestaban, silenciando un reclamo legítimo.

La periodista, con admirable serenidad, confrontó al funcionario. Su intento de diálogo fue recibido con evasivas y justificaciones que revelaban una preocupante politización de la información. Hernández Fuentes intentó desacreditar la cobertura periodística argumentando que el medio respondía a intereses políticos contrarios al gobierno. Una acusación que, lejos de justificar su comportamiento, lo evidenciaba como un intento de controlar la narrativa y silenciar las voces críticas.

La pregunta que queda en el aire es: ¿a quién beneficia este tipo de comportamiento? Ciertamente no a las madres que luchan por la vida de sus hijos, ni a la ciudadanía que tiene derecho a estar informada. Este episodio no solo pone en entredicho la gestión del gobierno de Durango en materia de salud, sino que también revela una preocupante tendencia a coartar la libertad de expresión y el acceso a la información. ¿Es esta la "joya de la corona" que el gobierno estatal quiere mostrar al mundo? Un escenario donde la censura y el hostigamiento a la prensa opacan el legítimo reclamo de un pueblo que exige atención a sus necesidades más básicas. La escena en la Expo Ganadera, lejos del brillo festivo, dejó un sabor amargo, una profunda reflexión sobre el estado de la democracia y la libertad de prensa en Durango. ¿Hasta cuándo se seguirá privilegiando la imagen por encima de la realidad? ¿Hasta cuándo se permitirá que funcionarios públicos utilicen su poder para silenciar las voces disidentes?