La cascada de noticias de los últimos días nos deja sin aliento. No se trata de una simple sensación, sino de una realidad abrumadora. A cada instante, un nuevo titular nos golpea, eclipsando al anterior, impidiéndonos procesar la información con la calma necesaria. Nos encontramos aturdidos, navegando en un mar de datos sin brújula, incapaces de discernir la verdad del ruido.

Aún resonaban las acusaciones de Estados Unidos sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana, un eco que se mezclaba con las advertencias del Departamento del Tesoro sobre el uso ilícito del sistema financiero nacional, cuando una nueva explosión informativa nos sacudió: la revelación –tardía y sospechosa– de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Desde febrero, según el General de la 30 Zona Militar.

La noticia corrió como la pólvora en redes sociales y se convirtió en el tema principal de todas las conversaciones. Desde el punto de vista legal, esta revelación no perjudica a Bermúdez, al contrario, le brinda la oportunidad de ampararse y retrasar su captura. Sin embargo, el impacto político es innegable. Se ha encendido la hoguera del juicio público antes siquiera de que se inicie el proceso legal. Como sociedad, ya hemos emitido un veredicto en el tribunal de las redes sociales, ¿qué consecuencias tendrá esta condena anticipada cuando Bermúdez sea finalmente detenido? ¿Cómo afectará la imparcialidad del proceso? ¿Se respetará la presunción de inocencia?

Mientras intentábamos digerir este episodio, otro caso nos heló la sangre: el de Irma Hernández, una maestra jubilada “levantada” presuntamente por no pagar su cuota como taxista. Las versiones difieren: un infarto, una ejecución… La incertidumbre es aterradora. Lo único cierto es que la “levantaron” y la impunidad reina. Crecí en un tiempo –quizá idealizado– donde la violencia tenía límites, donde los criminales, al menos en el imaginario colectivo, respetaban a los ancianos, a los niños, a los inocentes. Hoy, ese supuesto código de honor ha desaparecido, sepultado por la impunidad. La violencia se normaliza, el horror se convierte en rutina. Las autoridades, con su discurso previsible, prometen investigar, pero la realidad nos golpea con su crudeza: nada cambia. ¿Quiénes son los que deciden quién vive y quién muere? ¿Dónde están los límites? ¿O acaso se han embriagado de poder e impunidad?

Y como si no fuera suficiente, el caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga nos obliga a cuestionar la justicia. Gonzaga, menor de edad, aceptó su responsabilidad, reparó el daño y obtuvo una salida alterna: dos años y ocho meses en libertad, según los medios. Legalmente posible, ¿pero justo? Si la víctima está de acuerdo, quizá sí. Pero entonces, ¿por qué en el caso de Fofo Márquez no se aplicó el mismo criterio? ¿Influyó la presión social? ¿La falta de voluntad de la víctima? ¿O simplemente la justicia no es igual para todos?

Para rematar, el anuncio del bloqueo de cuentas vinculadas a Bermúdez. La Unidad de Inteligencia Financiera enfrenta un reto mayúsculo. Si estas acciones no responden a presiones internacionales, sabemos que se diluirán en la nada. Una vez más, la justicia se convierte en espectáculo, en un placebo para una sociedad hastiada pero resignada.

Ante este panorama desolador, la pregunta fundamental persiste: ¿Estamos logrando justicia? Mi respuesta es otra pregunta: ¿Justicia para quién?

Se rumorea que los bloqueos continuarán, pero con cuidado de no tocar ciertos fideicomisos donde aparecen nombres de las altas esferas. Ya saben a quiénes me refiero. Porque en México, la inteligencia no se utiliza para prevenir ni para castigar, sino para negociar. Si no, díganme ustedes, ¿por qué la corrupción inmobiliaria sigue tan viva y tan impune?