La incertidumbre se cierne sobre San Luis Potosí tras la presunta violación a la seguridad informática de la Fiscalía General del Estado. Una sombra de duda se extiende sobre la integridad de los datos personales de miles de potosinos, luego de que este fin de semana trascendiera la noticia de un posible hackeo a la base de datos que contiene información sensible relacionada con las cartas de no antecedentes penales. La magnitud del incidente, que presuntamente afecta a unas 73 mil personas, ha generado una ola de inquietud entre la ciudadanía, que exige respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades.

La fiscal potosina, en una declaración que ha avivado la polémica, ha reconocido desconocer la existencia del hackeo, alegando que la administración de la plataforma digital no está bajo la jurisdicción directa de la Fiscalía, sino del Gobierno del Estado. Esta declaración, lejos de tranquilizar los ánimos, ha generado aún más interrogantes sobre la coordinación y la responsabilidad en la gestión de la seguridad informática de datos tan sensibles. ¿Quién es el responsable último de la protección de esta información? ¿Existe una clara delimitación de responsabilidades entre la Fiscalía y el Gobierno del Estado en materia de ciberseguridad? Estas son algunas de las preguntas que exigen respuesta inmediata.

Si bien la fiscal ha anunciado la apertura de una carpeta de investigación y la desactivación preventiva de la plataforma, la falta de detalles concretos sobre las acciones a emprender genera desconfianza. La ciudadanía necesita saber qué medidas específicas se están tomando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y, sobre todo, mitigar el impacto potencial de esta vulnerabilidad. ¿Se realizará una auditoría exhaustiva de los sistemas de seguridad? ¿Se implementarán protocolos más robustos para proteger los datos personales en el futuro? La opacidad en este aspecto solo alimenta la incertidumbre y la especulación.

La figura del presunto hacker, identificado como “Kazu”, añade un elemento de dramatismo a la situación. La supuesta exigencia de un rescate de 6 mil dólares a cambio de no divulgar la información sustraída pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas digitales y la importancia de invertir en medidas de seguridad eficaces. ¿Se ha establecido contacto con el presunto hacker? ¿Qué estrategias se están considerando para recuperar la información y garantizar que no sea utilizada con fines delictivos? La falta de transparencia en este punto alimenta la sensación de desamparo entre la población afectada.

La situación actual exige una respuesta coordinada y transparente por parte de las autoridades. No basta con abrir una carpeta de investigación; es necesario informar a la ciudadanía sobre los avances de la misma y las medidas que se están implementando para garantizar la seguridad de sus datos personales. La confianza en las instituciones se construye con transparencia y con acciones concretas que demuestren un compromiso real con la protección de los derechos ciudadanos. El caso del presunto hackeo a la Fiscalía de San Luis Potosí es una llamada de atención sobre la importancia de la ciberseguridad en el ámbito público y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de datos personales. La ciudadanía espera respuestas y, sobre todo, soluciones.