La extorsión, una lacra que se extiende como una sombra sobre la vida cotidiana de México, ha encontrado finalmente un adversario a su altura. No hablamos de una respuesta tibia o de promesas vacías, sino de una estrategia nacional contundente, orquestada desde lo más alto del gobierno y ejecutada con la precisión de un cirujano. La Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no se limita a perseguir a los extorsionadores, sino que busca desmantelar por completo el entramado criminal que los sostiene, desde sus tentáculos financieros hasta sus cómplices en las esferas de poder.

Imaginen el alivio de las familias que, durante años, han visto sus ingresos mermados por el cobro de piso, el miedo constante a las llamadas intimidatorias, la angustia de ver cómo el fruto de su trabajo va a parar a manos de criminales. Esta estrategia, respaldada por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ofrece una luz al final del túnel. No solo se trata de capturar a los delincuentes, sino de seguir el rastro del dinero, de identificar a los verdaderos cerebros detrás de estas operaciones y de cortar de raíz su capacidad de operar. La iniciativa de ley general contra la extorsión, que pronto será presentada al Congreso, es otro paso firme en esta dirección. Unificará criterios a nivel nacional, protegerá a las víctimas y, crucialmente, evitará la impunidad. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá la facultad de congelar las cuentas de estos delincuentes, asestando un golpe directo a su poder económico.

La Operación Liberación, llevada a cabo en el sur del Estado de México, es una muestra palpable de que esta estrategia no se queda en el papel. El operativo, desplegado con una fuerza impresionante de casi tres mil elementos, desmanteló una red criminal que operaba bajo un esquema de extorsión directa, inflando los precios de productos básicos como cemento, acero, huevo y carne. Estos aumentos desorbitados, que llegaban hasta el 122% en materiales de construcción y el 80% en alimentos, golpeaban directamente el bolsillo de las familias y alimentaban la inflación. No solo se detuvo a los responsables, incluyendo a una regidora municipal implicada en la red, sino que se recuperaron toneladas de alimentos y materiales de construcción, que fueron devueltos a las comunidades afectadas. Este es un punto crucial: el Estado no solo castiga el delito, sino que repara el daño a las víctimas.

Más allá de las cifras y los resultados operativos, la Estrategia Nacional contra la Extorsión representa un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado. Se trata de una estrategia integral que combina la inteligencia, la operación territorial y la atención social. No se limita a apagar incendios, sino que busca prevenirlos, atacando las raíces del problema. La participación ciudadana es fundamental en este proceso. Denunciar la extorsión, por pequeña que parezca, es un acto de valentía y responsabilidad que fortalece la lucha contra este flagelo. Cada denuncia es una pieza clave para desmantelar estas redes criminales y recuperar la tranquilidad en nuestras comunidades. El mensaje es claro: la impunidad termina cuando la enfrentamos unidos. Juntos, podemos construir un México más seguro y justo para todos.