El eco del último grito de Irma Hernández Cruz resuena en las calles de Veracruz, un estado donde la sombra del crimen organizado se alarga, opacando la luz de la justicia. Su advertencia, grabada a punta de pistola, no fue solo un acto de desesperación, sino un testimonio del terror que se vive a diario en un territorio donde la extorsión se ha convertido en la norma y el miedo, en el pan de cada día. Irma, maestra jubilada y taxista, se atrevió a desafiar a la Mafia Veracruzana, negándose a pagar el precio del silencio. Pagó con su vida. Su historia, lejos de ser un caso aislado, es el reflejo de una realidad que ahoga a Veracruz, un estado donde los transportistas –taxistas, conductores de grúas, choferes de plataformas– viven bajo la constante amenaza de la violencia. Cobros de piso, secuestros, asesinatos: un catálogo de horrores que las autoridades parecen ignorar.

La respuesta de la gobernadora Rocío Nahle ante la tragedia ha sido, por decir lo menos, indignante. Minimizar la muerte de Irma, atribuyéndola a un infarto, es una bofetada a la memoria de la víctima y una muestra de la indolencia que impera en el gobierno estatal. ¿Acaso el terror no cuenta? ¿El secuestro, la humillación, la amenaza constante no son suficientes para condenar a un ser humano a una muerte en vida? La negación de la gobernadora no solo es una falta de respeto a la víctima y su familia, sino también una traición a la confianza depositada en ella por los ciudadanos veracruzanos. Mientras el gobierno mira hacia otro lado, los transportistas se organizan, alzando la voz en un clamor desesperado por justicia. Anuncian un colapso inminente en las carreteras del estado, una medida desesperada para ser escuchados, para que sus demandas sean atendidas. ¿Será esta la única forma de romper el muro de silencio que protege a los criminales y que condena a la impunidad a las víctimas?

La impunidad es la verdadera asesina de Irma. Una impunidad que se alimenta del silencio cómplice de las autoridades y que se extiende como una enfermedad, carcomiendo las bases de la sociedad veracruzana. La lucha de los transportistas es la lucha de todos. Es la lucha por un Veracruz libre del miedo, donde la justicia no sea una palabra vacía, sino una realidad tangible. Es la lucha por la memoria de Irma y de todas las víctimas que han caído en manos del crimen organizado.

Mientras tanto, en otro rincón del país, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se enfrenta a las consecuencias de su pasado. Acosado por las acusaciones de tortura, corrupción y crímenes de estado, Corral se encuentra en una zona gris, entre el fuero político y la justicia que le exige cuentas. El expediente abierto por peculado agravado y el desvío de casi 100 millones de pesos son una sombra que lo persigue, recordándole que la impunidad no es eterna. ¿Logrará evadir la justicia o finalmente tendrá que responder por sus actos? El tiempo lo dirá.