La sombra del terrorismo se cierne sobre el mundo, un fantasma escurridizo que se resiste a ser definido de manera universal. Ochenta años de historia de la ONU y aún no logramos un consenso, un acuerdo que trascienda las conveniencias políticas y las posturas ideológicas de cada nación. Lo que para unos es la lucha legítima por la libertad, para otros se convierte en el horror del terrorismo. Este juego de etiquetas, esta danza de definiciones, nos deja un vacío legal que dificulta la lucha contra un enemigo común. Los talibanes en Afganistán son un ejemplo paradigmático, pasando de "luchadores por la libertad" a "terroristas" según el vaivén de los intereses geopolíticos.

Ante la imposibilidad de una definición única, la comunidad internacional ha optado por abordar el problema de forma fragmentada, creando convenciones específicas para cada tipo de actividad terrorista: el secuestro de aeronaves, los atentados con bomba, la financiación del terrorismo, el terrorismo nuclear… Un mosaico de leyes que intenta contener una amenaza en constante evolución. La Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de la ONU, tras los terribles atentados de Madrid y Moscú en 2004, fue un intento de dar una definición más amplia, hablando de actos criminales contra civiles con la intención de causar terror e intimidar a la población o coaccionar a gobiernos. Kofi Annan, entonces Secretario General de la ONU, reforzó esta idea en 2005, centrándose en el daño a civiles y no combatientes. Una definición sin efecto jurídicamente vinculante, pero con un amplio respaldo internacional.

La Estrategia Global contra el Terrorismo de la ONU, con sus cuatro pilares (abordar las condiciones que propician el terrorismo, prevenir y combatirlo, fomentar la capacidad de los Estados y promover los derechos humanos), es un paso importante hacia una respuesta integral. Y México, con la Convención contra el Terrorismo aprobada por la OEA en 2002, ha demostrado su compromiso en la lucha contra este flagelo.

Nuestro país cuenta con un marco jurídico sólido para enfrentar el terrorismo. El artículo 139 del Código Penal Federal define con precisión este delito, incluyendo actos violentos que generen alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad. La reciente adición del artículo 19 constitucional, considerando el terrorismo como delito grave con prisión preventiva oficiosa, y la reforma del artículo 40, rechazando cualquier intervención extranjera no autorizada, son muestras de la firmeza de México en la defensa de su soberanía. Se busca la colaboración internacional, sí, pero siempre dentro del marco de nuestras leyes y con el pleno respeto a nuestra independencia.

El brutal secuestro y ejecución de la maestra Irma Hernández, difundido a través de las redes sociales, es un acto de terrorismo puro y duro. Un recordatorio doloroso de la creciente presencia de tácticas terroristas por parte del crimen organizado en nuestro país. Estas organizaciones buscan sembrar el terror para imponer su voluntad, para paralizar a las autoridades y controlar a la población. El silencio de los taxistas del norte de Veracruz, aterrorizados por las extorsiones, es un testimonio elocuente del poder que estas organizaciones criminales pueden llegar a ejercer.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada por el gobierno, es una respuesta necesaria a un clamor nacional. Una estrategia que debe ser fortalecida con la colaboración de expertos, organizaciones de la sociedad civil y, crucialmente, el sector privado, especialmente las instituciones financieras. No podemos negar la evidencia: organizaciones criminales están cometiendo actos terroristas en nuestro territorio, violando nuestra Constitución, nuestras leyes y las convenciones internacionales que México ha firmado. Es hora de actuar con decisión, con unidad y con la firmeza que exige la gravedad de la situación.