La solicitud del diputado Ávila para crear una comisión que investigue el llamado "cártel inmobiliario" resuena profundamente con la demanda ciudadana de transparencia y justicia. No se trata de una cacería de brujas, sino de una obligación moral de quienes representamos al pueblo. Exigimos que se esclarezcan las presuntas responsabilidades de servidores y exservidores públicos, sin importar su afiliación política. La ciudadanía merece saber la verdad.

El caso de Jorge Romero y su negativa a renunciar tras la falsedad demostrada de sus acusaciones sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un ejemplo paradigmático de la cínica estrategia de la derecha mexicana. Lanzan acusaciones infundadas, las amplifican a través de sus medios afines y, una vez desmentidas, confían en que el olvido colectivo las sepulte. Esta práctica no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también pervierte el debate público, convirtiéndolo en un lodazal de mentiras y medias verdades. ¿Cómo podemos construir un país justo y democrático si las bases del diálogo se sustentan en la falsedad?

La conducta de Romero no es un hecho aislado. Se inserta en un patrón de comportamiento que se repite sistemáticamente en la derecha mexicana. Se escandalizan ante cualquier error, real o percibido, de la izquierda, mientras ignoran o minimizan los actos de corrupción que se gestan en sus propias filas. Esta doble moral es un insulto a la inteligencia ciudadana.

El silencio cómplice de la dirigencia panista ante los señalamientos contra Romero es igualmente preocupante. ¿Dónde están las voces que clamaban por la ética y la transparencia? Su mutismo los convierte en cómplices por omisión. Al proteger a uno de los suyos, demuestran que sus principios son flexibles y se adaptan a las circunstancias. La ciudadanía no puede tolerar esta hipocresía.

La creación de una comisión investigadora no es un acto de venganza política, sino una necesidad imperiosa. Es necesario llegar al fondo de este asunto y desmantelar las redes de corrupción que operan en la Ciudad de México. No podemos permitir que la impunidad se convierta en la norma. La justicia debe prevalecer, sin importar el costo político.

El pueblo exige respuestas. Exige que se rindan cuentas. Exige que se castigue a los responsables. La comisión investigadora es un paso fundamental en ese camino. Confiamos en que se realice un trabajo exhaustivo e imparcial, que arroje luz sobre este oscuro capítulo de la política mexicana. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la reconciliación y la construcción de un futuro mejor. El pueblo está cansado de la mentira y la corrupción. Exige un cambio real y profundo.