La avalancha de pruebas en los juicios penales, un fenómeno preocupante que amenaza con desvirtuar la esencia misma del sistema acusatorio, ha sido puesta en la mira por el magistrado Martín Ríos Castro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su advertencia, lanzada durante el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2025, resuena como una llamada de atención ante la indiscriminada admisión de evidencias, muchas veces innecesarias, que lejos de contribuir a la justicia, la obstruyen con laberínticos procesos y dilaciones injustificadas.

El magistrado Ríos Castro ilustra esta problemática con un ejemplo contundente: juicios por robo con dos agravantes donde se presentan hasta 40 pruebas. Una cifra desorbitada que, a todas luces, revela una profunda desconexión entre la teoría del caso y las evidencias presentadas. Se observa, con creciente preocupación, la inclusión de pruebas que no guardan relación alguna con los hechos, que no aportan luz al esclarecimiento de los mismos y que, en definitiva, no deberían ser admitidas. Esta práctica, no solo entorpece el proceso, sino que también siembra la duda sobre la probidad y la lealtad procesal de los operadores jurídicos. ¿Acaso se busca, con esta sobrecarga probatoria, confundir en lugar de esclarecer? ¿Se pretende, quizás, enterrar la verdad bajo una montaña de datos irrelevantes?

La clave, según el magistrado, reside en la teoría del caso, ese hilo conductor que debe guiar la selección y presentación de las pruebas. Esta teoría, debe ser concisa, coherente con los hechos y suficiente para demostrar el delito y la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, lo que a menudo se observa son teorías del caso extensas, redundantes y desconectadas de la descripción típica del delito. Unas teorías del caso que, en lugar de iluminar el camino hacia la justicia, lo oscurecen con una maraña de afirmaciones difíciles de comprobar.

El costo de esta práctica es alto. No solo en términos económicos, sino también en términos de tiempo y, lo que es aún más grave, en términos de justicia. La acumulación de pruebas irrelevantes dilata los procesos, agota los recursos y, en última instancia, puede perjudicar tanto a la víctima como al acusado. Es necesario, por tanto, recuperar la esencia del sistema acusatorio, centrándonos en la presentación de pruebas relevantes y pertinentes, guiadas por una teoría del caso sólida y coherente. Solo así podremos garantizar la eficacia y la legitimidad de nuestro sistema de justicia penal.

La responsabilidad de revertir esta situación recae en todos los operadores jurídicos. Jueces, fiscales y abogados defensores deben comprometerse con la probidad y la lealtad procesal, evitando la presentación de pruebas innecesarias y centrándose en la búsqueda de la verdad. El magistrado Ríos Castro nos insta a reflexionar sobre nuestras prácticas y a trabajar juntos para fortalecer el sistema de justicia penal. Su llamado a la responsabilidad y a la eficacia debe ser escuchado y atendido por todos aquellos que creemos en un sistema de justicia justo y eficiente.