La protección de la infancia ha dado un paso de gigante. Durante mucho tiempo, el sistema legal, en su afán por la certeza jurídica, establecía plazos para ejercer acciones legales, plazos que muchas veces jugaban en contra de las víctimas más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes. Imaginen el escenario: un menor sufre un abuso, un evento traumático que marca su vida para siempre. Por miedo, vergüenza o por la propia inmadurez propia de su edad, no puede, no sabe o no se atreve a denunciar. Pasan los años, el dolor persiste, la herida sigue abierta y, cuando finalmente encuentra la fuerza y el apoyo para hablar, se topa con un muro infranqueable: la prescripción del delito. Su voz, su dolor, su derecho a la justicia, silenciados por el tic-tac implacable del reloj.

Este panorama desolador, afortunadamente, está cambiando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un acto de profundo compromiso con los derechos de la infancia, ha establecido un precedente histórico: los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes no prescriben. No importa cuánto tiempo pase, la justicia siempre estará a su alcance. Este no es un capricho legal, sino el reconocimiento de una realidad brutal: el impacto devastador del abuso sexual infantil. Las secuelas psicológicas, el miedo, la culpa, la dificultad para procesar el trauma, son factores que impiden a muchas víctimas denunciar inmediatamente. Necesitan tiempo, apoyo, sanación, para poder enfrentarse a su agresor y al sistema judicial.

La SCJN ha roto con el criterio tradicional de la prescripción y la irretroactividad de la ley en estos casos, entendiendo que estos principios, bien intencionados en su origen, se convertían en obstáculos para el acceso a la justicia. ¿Cómo exigirle a un niño o niña que denuncie un abuso cuando ni siquiera comprende la magnitud del mismo? ¿Cómo podemos, como sociedad, permitir que los agresores se amparen en tecnicismos legales para evadir su responsabilidad? La respuesta es contundente: no podemos.

Este nuevo criterio no solo implica que los delitos no prescriben, sino también que las nuevas leyes que beneficien a la niñez sí se pueden aplicar retroactivamente. Es decir, si una ley posterior a la comisión del delito ofrece mayor protección a las víctimas, ésta se aplicará incluso a casos anteriores. Se trata de un avance significativo, un paso hacia una justicia más humana, más sensible, más comprometida con la protección de los más vulnerables.

La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y la aplicación retroactiva de leyes que los beneficien son dos caras de la misma moneda: el reconocimiento de que la infancia merece una protección especial, que el trauma del abuso requiere tiempo para ser procesado y que la justicia no puede ser rehén del tiempo. Es un mensaje claro para las víctimas: no están solas, su voz será escuchada, y para los agresores: la justicia, tarde o temprano, les alcanzará.

Este cambio de paradigma no solo afecta al ámbito penal, sino también al civil. La SCJN ha establecido también la imprescriptibilidad del derecho a reclamar responsabilidad civil por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez o la adolescencia. Esto significa que las víctimas podrán reclamar una justa indemnización por los daños sufridos, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el abuso. Se abre así una puerta a la reparación integral del daño, un paso fundamental en el proceso de sanación y reconstrucción de sus vidas.

El camino hacia una justicia plena para las víctimas de abuso sexual infantil es largo y complejo, pero la decisión de la SCJN marca un hito fundamental. Es un paso firme en la dirección correcta, una muestra de que la sociedad está evolucionando hacia una mayor protección de la infancia y una mayor comprensión del trauma. Es una victoria para las víctimas, una advertencia para los agresores y una esperanza para un futuro donde la impunidad no tenga cabida.