La incongruencia entre el discurso y la acción se ha convertido en una constante preocupante en el escenario político actual. Mientras que en sus pronunciamientos públicos, ciertos representantes de Morena enarbolan la bandera de la solemnidad, el respeto institucional y la austeridad republicana, sus acciones a menudo contradicen estas nobles proclamas. Día tras día, somos testigos de una creciente acumulación de casos que evidencian una desconexión entre lo que predican y lo que practican. Esta discrepancia, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en un patrón recurrente que genera desconfianza y erosiona la credibilidad de la clase política.

Más allá de las críticas legítimas de la oposición y los analistas políticos, son los propios morenistas quienes, de manera involuntaria, se encargan de exhibir sus contradicciones. En una especie de competencia por la "peor metida de pata", se esfuerzan por demostrar con acciones concretas la distancia que existe entre su discurso idealizado y la realidad de sus comportamientos. Desde torpezas en redes sociales hasta actitudes infantiles en eventos públicos, la lista de ejemplos es larga y variada. Su afán por alinearse con las corrientes progresistas y políticamente correctas, a menudo los lleva a cometer errores garrafales, demostrando una falta de autenticidad en sus convicciones.

Figuras como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán "Andy", Andrea Chávez y Ricardo Gallardo, entre otros, han protagonizado episodios que ilustran esta incongruencia. Sin embargo, el fenómeno no se limita a las altas esferas del partido. Desde regidores con vestimenta inapropiada hasta empleados municipales profiriendo amenazas, los ejemplos se multiplican a lo largo y ancho del país. Esta normalización de los deslices, lejos de ser un tema trivial, representa un peligroso precedente para la sociedad, ya que banaliza la importancia del comportamiento ético en la vida pública.

El caso de la diputada "Dato Protegido" es paradigmático. Más allá del debate sobre la sanción impuesta a la ciudadana Karla Estrella, la situación pone de manifiesto la desproporción en la aplicación de la ley y la instrumentalización de la justicia con fines políticos. La decisión del Tribunal Electoral, encabezado por Mónica Soto, de obligar a una ciudadana a ofrecer disculpas públicas durante 30 días por supuesta violencia política de género, genera interrogantes sobre la imparcialidad y la objetividad de las instituciones. En este caso, la diputada Diana Karina Barreras, del PT, no fue la única que se extralimitó en sus funciones, los propios integrantes del órgano electoral contribuyeron a la escalada del conflicto con una decisión que parece excesiva y desproporcionada.

Otro ejemplo que ilustra la desconexión entre el discurso y la acción lo encontramos en el homenaje rendido a Ozzy Osbourne por parte de diputados y senadores morenistas. Mientras se destinaron recursos públicos para difundir esquelas y dedicar un minuto de aplausos al fallecido músico, se negó el debate sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, un personaje cercano al senador Adán Augusto. Esta selectividad en la asignación de prioridades revela una doble moral preocupante.

A estos ejemplos, se suman el altercado de Noroña con un ciudadano, los ataques a la libertad de expresión y los abusos de poder en algunos estados. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha reprobado estas acciones tanto en público como en privado, parece que sus reclamos no tienen mayor impacto en los aludidos. Al igual que Ricardo Monreal con su viaje a España, muchos morenistas parecen inmunes a las críticas, emulando la actitud de "Ya sabes quién".

En relación al Tribunal Electoral, la reciente ratificación de la decisión del INE de declarar vacantes 45 espacios por incumplimiento de requisitos en la Elección Judicial abre un nuevo debate. La disyuntiva entre realizar una elección extraordinaria, como propone el magistrado Reyes Rodríguez, o asignar las posiciones a quienes obtuvieron el segundo lugar, como sugiere la magistrada Janine Otálora, plantea interrogantes sobre la mejor manera de proceder en este tipo de situaciones. La decisión final, que dependerá del voto de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, tendrá implicaciones importantes para el futuro del sistema electoral.