La sombra de la tragedia aún se cierne sobre Valentina Gilabert, la joven modelo mexicana que a principios de febrero sufrió un violento ataque a manos de Marianne Gonzaga, la influencer que una vez compartiera la vida del padre de su hija. Catorce puñaladas, un número que hiela la sangre, marcaron el cuerpo de Valentina y la dejaron al borde de la muerte. La furia desatada, al parecer motivada por los celos, culminó con la detención de Gonzaga, quien permaneció recluida hasta hace apenas unos días.

Su liberación, amparada en un juicio abreviado y en su condición de menor de edad, ha generado una ola de indignación y controversia. Si bien se declaró culpable, la condena de casi tres años en libertad, bajo la figura de "libertad asistida", resulta a todas luces insuficiente para muchos. La justicia, en su intento por equilibrar la balanza entre la gravedad del delito y la edad de la agresora, ha dictaminado una serie de medidas: prohibición de acercarse a Valentina, terapia psicológica obligatoria y una reparación del daño que podría ascender a los dos millones de pesos. ¿Es esto suficiente para sanar las heridas físicas y emocionales de la víctima? ¿Es justicia o una concesión a la impunidad?

Un testigo anónimo, presente en la audiencia, nos ofrece una perspectiva crucial para comprender la complejidad del caso. En una entrevista exclusiva con Ventaneando, desvela los entresijos legales que llevaron a esta controvertida decisión. Según su testimonio, la fiscalía exploró durante semanas diferentes vías para alcanzar un acuerdo que, si bien no satisface a todos, era la única opción viable para proteger a Valentina.

La ley mexicana, en su afán de proteger a los menores, no contempla el delito de intento de asesinato en estos casos. La acusación se redujo a "heridas agravantes que ponen en riesgo la vida", lo que limita el tiempo de reclusión a un máximo de cinco meses. De haber seguido el proceso ordinario, Marianne habría enfrentado el juicio en libertad, con la posibilidad de que la condena final, incluso tras una larga batalla legal, se viera reducida. Además, la ley no obliga a los menores a pagar la reparación del daño, un punto que se logró asegurar en este acuerdo.

La "libertad asistida" es una espada de Damocles que pende sobre la joven influencer. Cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas la devolverá a prisión. Esta precariedad, según el testigo, es la única garantía real de que la justicia, aunque imperfecta, se cumpla.

El encuentro entre Valentina y Marianne en el juzgado, un momento cargado de tensión y emotividad, fue también un punto de inflexión. Lágrimas, disculpas y un acuerdo tácito marcaron este encuentro, dejando entrever la posibilidad de una reconciliación, o al menos, de un cierre para ambas.

Mientras tanto, la sombra de la justicia también se cierne sobre Aintzane ‘N’ y Akram ‘N’, cómplices en el ataque. Akram, mayor de edad, podría enfrentar cargos por tentativa de feminicidio, un delito que conlleva una pena considerablemente mayor. El caso, lejos de cerrarse, abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia y en el debate sobre la protección de los menores y las víctimas de violencia. ¿Se está protegiendo a quien debe ser protegido? ¿Se está haciendo justicia o simplemente se está aplicando la letra fría de una ley que, en ocasiones, parece insuficiente para sanar las heridas más profundas? El tiempo, y el desarrollo del caso, nos darán la respuesta.