La creciente sensación de inseguridad en municipios clave del Estado de México, como Toluca y Nezahualcóyotl, se ha convertido en la sombra que acecha a las administraciones morenistas. Las cifras de la ENSU, frías e implacables, revelan un aumento en la percepción de inseguridad en estos municipios entre marzo y junio de 2025. Mientras que en Toluca el porcentaje escaló del 76.1% al 78.9%, en Nezahualcóyotl el incremento fue del 60.8% al 64.9%. Estos números, lejos de ser meras estadísticas, representan el temor palpable de la ciudadanía, la zozobra que se respira en las calles y la desconfianza que se cierne sobre las estrategias de seguridad implementadas por Ricardo Moreno y Adolfo Cerqueda, alcaldes de Toluca y Nezahualcóyotl respectivamente.

Se cuestiona si las acciones tomadas por ambos alcaldes son realmente efectivas o si, como se rumora insistentemente, se están "colgando medallas" por los logros obtenidos gracias a la intervención del gobierno estatal y federal. ¿Se están aprovechando del trabajo conjunto para maquillar la realidad de sus municipios? ¿Están realmente comprometidos con la seguridad de sus ciudadanos o simplemente "vendiendo espejitos" con promesas vacías? La ciudadanía exige respuestas y resultados concretos, no discursos ni justificaciones.

Y mientras la inseguridad se agudiza, un nuevo escándalo sacude la administración de Nezahualcóyotl. Los rumores sobre un presunto enriquecimiento ilícito del alcalde Adolfo Cerqueda han tomado fuerza, convirtiéndose en un secreto a voces que resuena en cada rincón del municipio. Se afirma que el patrimonio del alcalde ha experimentado un incremento injustificado en los últimos tres años, un aumento que no se condice con sus ingresos como funcionario público. ¿De dónde proviene esta repentina fortuna? ¿Existe una explicación lógica y transparente para este crecimiento patrimonial? La opacidad genera suspicacias y la ciudadanía tiene el derecho de exigir una investigación exhaustiva que aclare estas interrogantes.

En medio de este panorama complejo, el gobierno federal y estatal anuncian con bombo y platillo el Plan Integral para la Zona Oriente, una ambiciosa estrategia que promete revertir años de abandono en municipios históricamente rezagados. Con una inversión histórica de 75 mil 786 millones de pesos, se busca impulsar obras de infraestructura, mejorar los servicios de agua potable, salud y educación, y fortalecer la seguridad en la región. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha destacado la importancia de este plan para el bienestar de más de 10 millones de mexiquenses, enfatizando la colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la ciudadanía se muestra escéptica. ¿Será este plan la solución definitiva a los problemas que aquejan a la Zona Oriente o se convertirá en una promesa más incumplida? ¿Llegarán realmente los beneficios a quienes más lo necesitan o se perderán en el laberinto de la burocracia y la corrupción? El tiempo y la gestión transparente de los recursos serán los jueces que determinarán el éxito o el fracaso de esta iniciativa.

La Zona Oriente del Estado de México, con sus contrastes y complejidades, se encuentra en una encrucijada. La inseguridad, la corrupción y el abandono son los fantasmas que la acechan, mientras que la esperanza de un futuro mejor se aferra a las promesas de cambio y desarrollo. La ciudadanía, cansada de las falsas expectativas, exige acciones concretas, transparencia y resultados tangibles. El reto para las autoridades es enorme, pero la obligación de responder a las demandas de la población es aún mayor.