La salida de Iberdrola del mercado energético mexicano continúa generando olas. La venta de sus 15 plantas restantes, encomendada a Barclays, se presenta como un desafío considerable. Si bien el banco inicialmente previó una alta demanda, la realidad es que la estructura y el precio propuestos por Iberdrola no han convencido a los inversores. El nudo gordiano reside en la inclusión de varias plantas bajo el esquema de autoabasto, un formato que la actual administración considera ilegal, como lo reiteró recientemente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Este contexto dificulta la obtención de las autorizaciones necesarias por parte de la Secretaría de Energía, dirigida por Luz Elena González. A pesar del interés de Alom Infra y COX Energy, ninguna de las dos compañías parece tener la capacidad financiera para afrontar la operación, valuada en más de cuatro mil millones de dólares.

Esta situación se enmarca en un panorama de creciente desconfianza entre los inversionistas internacionales hacia el sector energético mexicano. La contrareforma y la reforma judicial impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han ahuyentado a gigantes como Acciona, Sempra, Enel, EDP y Engie, quienes buscan reducir su presencia en el país. La "muralla" que representa la Comisión Reguladora de Energía, con sus trabas burocráticas y la dificultad para obtener autorizaciones, ha desgastado a muchos operadores que llevan años luchando por conectar sus proyectos.

La esperanza de un cambio con la llegada de Sheinbaum se desvanece ante la persistente falta de interés del sector privado por invertir en energías renovables y los crecientes costos de los proyectos de la CFE. La escasez de turbinas en el mercado internacional, agudizada por la creciente demanda de la electromovilidad y la relocalización industrial, complica aún más el panorama. Alcanzar la meta de 29 gigawatts de capacidad adicional para el final del sexenio se antoja una tarea titánica en estas condiciones.

Mientras tanto, el escándalo desatado por las acusaciones de la FinCEN contra Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, ha obligado al exjefe de la Oficina de la Presidencia a refugiarse en Holanda. Lejos del ojo público y del "dedo flamígero" de sus paisanos, Romo se dedica a la cría de caballos pura sangre y a la venta de semen equino, un negocio altamente lucrativo que le permite mantener un bajo perfil. Su pasión por la equitación, que lo llevó a competir en los Juegos Olímpicos, se ha convertido en su refugio ante la tormenta.

En otro orden de cosas, la empresa Seguritech, especializada en tecnología para la seguridad pública, se enfrenta a una serie de ataques que coinciden con la redefinición de la estrategia de seguridad del gobierno federal. ¿Casualidad? La trayectoria de Seguritech, con más de 30 años de experiencia y operaciones en Estados Unidos y Colombia, habla por sí sola. Su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en áreas como telecomunicaciones, inteligencia y análisis de datos, la convierte en un actor clave en la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, una buena noticia para el turismo mexicano: Carnival Cruise Lines volverá a Acapulco en 2027, tras más de 15 años de ausencia. Esta escala, parte de un itinerario especial que incluye el Canal de Panamá y varios destinos en Colombia, representa una gran oportunidad para reactivar la economía local y reforzar la imagen de Acapulco como destino turístico de primer nivel. El regreso de Carnival, una de las líneas de cruceros más importantes del mundo, es un voto de confianza en el potencial del puerto guerrerense.

En el ámbito de las contrataciones públicas, la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó un contrato para la compra de reactivos de laboratorio a un consorcio que incluye a la empresa Ve mas, Instrumentos y Equipos Falcon y Laboratorio Tadeo. La participación de Equipos Falcón, propiedad de Noé Ramírez, llama la atención, ya que la empresa fue inhabilitada por prácticas monopólicas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en las compras del gobierno.