La Ciudad de México se encuentra en un punto de inflexión. El crecimiento desmedido, la presión inmobiliaria y la especulación han puesto en jaque el tejido social de barrios históricos, desplazando a sus habitantes y transformando radicalmente la identidad de la capital. Ante esta problemática, el gobierno capitalino ha dado un paso crucial al iniciar un proceso participativo con el ambicioso objetivo de crear un nuevo Bando: Bando Uno: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local.

El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, ha sido enfático: se trata de un proceso democrático, inclusivo y, sobre todo, de escucha. No se trata de imponer soluciones desde arriba, sino de construir un consenso desde la base, con la participación de todos los actores involucrados: vecinos, colectivos, académicos, expertos y representantes del sector inmobiliario. La meta es ambiciosa: redefinir las reglas de convivencia comunitaria, fortalecer la identidad local y, fundamentalmente, frenar la gentrificación que está expulsando a los habitantes tradicionales de sus hogares.

El primer paso en este camino es reconocer la complejidad del problema. La gentrificación no se limita al aumento de las rentas; es un fenómeno multifacético que impacta en el costo de la vida, la infraestructura, los servicios y, en última instancia, en el alma misma de los barrios. Se trata del desplazamiento de comunidades enteras, de la pérdida de la memoria histórica y la transformación del paisaje urbano en un espacio homogenizado y ajeno a sus raíces.

Para abordar esta problemática de manera integral, el gobierno ha propuesto tres rutas de diálogo: foros territoriales en las colonias más afectadas por la presión inmobiliaria; foros temáticos, comenzando con el crucial tema de la renta de corta estancia; y encuentros con actores clave del sector vivienda. La idea es generar un espacio de debate donde se puedan analizar las causas y consecuencias de la gentrificación, identificar las áreas de oportunidad y, finalmente, proponer soluciones concretas y viables.

Uno de los temas más sensibles que se abordarán es la regulación del mercado de rentas. Se busca establecer reglas justas que protejan los derechos tanto de los arrendatarios como de los arrendadores, evitando abusos y garantizando un acceso equitativo a la vivienda. Se pondrá sobre la mesa la necesidad de una nueva ley inquilinaria que reconozca la desigualdad material existente y establezca mecanismos de protección para los inquilinos, evitando desalojos injustificados y prácticas especulativas.

La falta de vivienda social, pública y asequible es otro de los factores que alimentan la gentrificación. El gobierno reconoce la necesidad de incrementar la oferta de vivienda en estas modalidades, garantizando que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso a un hogar digno y seguro, sin importar su nivel socioeconómico. Se explorarán diferentes alternativas, desde la construcción de nuevos desarrollos hasta la rehabilitación de inmuebles existentes, promoviendo la inclusión y la diversidad en todos los barrios de la ciudad.

Las voces de la academia, la sociedad civil y las comunidades afectadas son fundamentales en este proceso. Expertos como Rosalba González, de la UNAM, han señalado la importancia de la función social de la propiedad privada. Si bien se reconoce el derecho a la propiedad, se debe limitar su uso cuando afecta el bienestar colectivo. No se puede permitir que la especulación inmobiliaria destruya el tejido social y desplace a las comunidades en beneficio de unos pocos.

La abogada Carla Escoffié ha hecho un llamado urgente a la creación de una ley inquilinaria que proteja los derechos de los arrendatarios. La regulación debe partir de la realidad de la desigualdad existente y establecer mecanismos claros y eficaces para prevenir abusos.

Desde las comunidades afectadas, se han levantado voces proponiendo soluciones concretas, como la regulación de plataformas turísticas como Airbnb, limitando su impacto en el mercado de rentas y exigiendo que se priorice el derecho a la vivienda de los habitantes locales.

El camino hacia una ciudad más justa, habitable y asequible apenas comienza. El Bando Uno representa una oportunidad histórica para redefinir el futuro de la Ciudad de México, construyendo un modelo urbano más equitativo, inclusivo y sostenible, donde todos los habitantes tengan un lugar digno donde vivir. El éxito de este proyecto depende de la participación activa y comprometida de todos los sectores de la sociedad. La ciudad que queremos se construye entre todos.