La sombra de la censura se cierne sobre Acapulco, sofocando las voces que osan cuestionar el poder. El caso de Acapulco Trends y su director, Jesús Gabriel Castañeda, se ha convertido en un ejemplo alarmante de cómo la justicia puede ser instrumentalizada para silenciar la crítica. La alcaldesa Abelina López Rodríguez, en lugar de responder a las acusaciones de irregularidades financieras respaldadas por una auditoría estatal –un posible desfalco que roza los 900 mil pesos–, ha optado por utilizar la acusación de violencia política de género como escudo. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en una decisión que sienta un precedente preocupante, ha dado la razón a la alcaldesa, imponiendo a Castañeda una multa, la obligación de publicar disculpas públicas durante 15 días y la asistencia a un curso de perspectiva de género. ¿Es acaso cuestionar la gestión pública un acto de violencia? ¿O es más bien un ejercicio fundamental en una sociedad democrática?

Este caso no es un hecho aislado. Se suma a una creciente tendencia de figuras políticas que utilizan el aparato institucional para blindarse de la crítica y acallar a quienes disienten. Desde el senador Gerardo Fernández Noroña, obligando a un ciudadano a disculparse públicamente tras un altercado en el aeropuerto, hasta la diputada Diana Karina Barreras, logrando la sanción de una mujer por cuestionarla en redes sociales, el patrón se repite: el poder se erige como un muro infranqueable ante la fiscalización ciudadana. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando la crítica es silenciada con el peso de la ley? ¿Cómo podemos aspirar a una verdadera democracia si el debate público es sofocado por quienes ostentan el poder?

La situación se torna aún más compleja cuando la censura se infiltra en las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la equidad. El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo pilar de la democracia mexicana, se encuentra sumido en un clima de tensión y desgaste. La reciente renuncia de Giancarlo Giordano, quien lideraba la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLEs, deja al descubierto las presiones y el trato despectivo que enfrentan los mandos medios y altos del Instituto. Fuentes internas señalan un ambiente tóxico, donde las descalificaciones y los cambios constantes de criterio son la norma, generando largas jornadas de trabajo y una creciente frustración entre el personal técnico.

Según estas mismas fuentes, las consejerías de Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz, entre otros, estarían ejerciendo una presión desmedida, imponiendo criterios políticos por encima del trabajo técnico que debería caracterizar al Instituto. Este tipo de injerencia no solo compromete la eficiencia del INE, sino que pone en riesgo la imparcialidad y la credibilidad de los procesos electorales. Se dice que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, está al tanto de la situación y ha comenzado a tomar medidas para contener la crisis. ¿Será suficiente para restaurar la confianza en el Instituto y garantizar la integridad del sistema electoral? La democracia mexicana se encuentra en un momento crucial, donde la defensa de la libertad de expresión y la transparencia se hacen más necesarias que nunca. La ciudadanía debe estar vigilante, exigiendo rendición de cuentas y defendiendo el derecho a cuestionar el poder sin temor a represalias. El futuro de nuestra democracia depende de ello.