En un giro sin precedentes en la lucha contra la extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha implementado una estrategia innovadora: devolver a la comunidad los bienes confiscados a grupos criminales. Esto, como parte de la Operación “Liberación”, un esfuerzo conjunto que busca combatir la coacción y el abuso de poder que ejercen estos grupos sobre la economía local.

Imagina por un momento la angustia de las familias que, día tras día, se veían obligadas a pagar cuotas injustas, a comprar productos a precios inflados y a vivir bajo la constante amenaza de la violencia. La Operación “Liberación” no solo busca desmantelar estas redes criminales, sino también reparar el tejido social dañado por la extorsión. Y lo hace de una manera tangible y significativa: devolviendo a la comunidad lo que le fue arrebatado.

En Ixtapan de la Sal, decenas de familias fueron testigos de un acto inédito. Aves de corral, borregos, pacas de avena, alimento para animales, carne, pollo, longaniza… bienes esenciales que ahora les pertenecen, gracias a la disposición anticipada otorgada por un Juez del Poder Judicial y a la colaboración entre la FGJEM y la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

Este proceso, la disposición anticipada de bienes, permite a la Fiscalía la venta o transferencia de bienes que son objeto de investigación por actividades ilícitas antes de que se dicte una sentencia definitiva. Es una herramienta poderosa que acelera el proceso de restitución a la comunidad y, al mismo tiempo, envía un mensaje claro a los grupos criminales: sus acciones tendrán consecuencias y los beneficios obtenidos ilícitamente serán devueltos a quienes les pertenecen.

Pero la Operación “Liberación” va más allá de la simple devolución de bienes. Se trata de una estrategia integral que incluye el despliegue operativo de diversas instituciones, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal y, por supuesto, la Fiscalía mexiquense. Todas estas instancias trabajan en conjunto para garantizar la seguridad de la población y prevenir futuros actos de extorsión.

Los materiales de construcción confiscados, por ejemplo, se destinarán a obras públicas con un enfoque comunitario. De esta manera, la Operación “Liberación” no solo devuelve a la comunidad lo que le fue arrebatado, sino que también contribuye a su desarrollo y bienestar.

La lucha contra la extorsión es una tarea compleja que requiere la participación de todos. La ciudadanía juega un papel fundamental en este esfuerzo, y por ello se pone a su disposición el número telefónico 089 para denunciar cualquier acto de extorsión. Denunciar es un acto de valentía y responsabilidad que contribuye a la construcción de un Estado de México más seguro y justo.

La Operación “Liberación” es un ejemplo de cómo la justicia puede ser efectiva y, al mismo tiempo, sensible a las necesidades de la comunidad. Es una luz de esperanza para las familias que han sufrido las consecuencias de la extorsión y un recordatorio de que, trabajando juntos, podemos construir un futuro mejor.