La tragedia ferroviaria que ha conmocionado a Perú y al mundo, nos obliga a reflexionar sobre la seguridad en las vías y la vulnerabilidad de quienes transitan cerca de ellas. Una joven trans, cuya identidad aún se reserva, perdió la vida de manera brutal al ser arrollada por un tren de carga en Arequipa. La crudeza de la escena, plasmada en imágenes que han circulado en redes sociales –imágenes que, por respeto a la víctima y sus seres queridos, no detallaremos–, ha generado una ola de indignación y dolor.

Inicialmente, se especuló que la joven intentó cruzar las vías imprudentemente, desafiando el paso del tren. Esta versión, difundida con rapidez, pintaba un cuadro de imprudencia que, sin embargo, fue desmentido por el testimonio del maquinista. Según su declaración, la joven caminaba junto a las vías cuando, por un fatal tropiezo, perdió el equilibrio y cayó sobre los rieles justo en el momento en que la locomotora se aproximaba. Un instante, una fracción de segundo, que marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

Este trágico suceso no es un caso aislado. Los habitantes de la zona denuncian la peligrosidad de las vías, escenario de al menos dos accidentes similares en los últimos años. Su clamor por la reubicación de las vías resuena con fuerza, exigiendo a las autoridades una respuesta que garantice la seguridad de la comunidad. La pregunta que se plantea es: ¿cuántas vidas más deben perderse antes de que se tomen medidas concretas? ¿Es acaso el progreso, representado por el transporte ferroviario, incompatible con la seguridad de los ciudadanos?

Más allá de las responsabilidades que se deslinden en la investigación, este accidente nos interpela como sociedad. Nos invita a reflexionar sobre la precariedad de la vida, sobre la importancia de la prevención y sobre la necesidad de escuchar las demandas de las comunidades que conviven con el riesgo a diario. La joven trans, cuya vida fue truncada de manera tan abrupta, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de quienes transitan por los márgenes, tanto físicos como sociales. Su historia, silenciada por la tragedia, nos exige alzar la voz y reclamar medidas que protejan a todos, sin distinción.

La investigación, a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), continúa su curso. Se espera que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, más allá del proceso legal, es fundamental que este caso sirva como catalizador para un cambio real. Un cambio que priorice la seguridad de los ciudadanos y garantice que tragedias como esta no se repitan. El silencio de las autoridades ante las repetidas denuncias de los vecinos es, en sí mismo, una forma de negligencia que debe ser abordada con la misma seriedad que la investigación del accidente. ¿Se escuchará finalmente el clamor de la comunidad? ¿O seguiremos esperando a la próxima tragedia para reaccionar?